Javier Favela / La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán.- A puerta cerrada, el pleno del Congreso confirmará la destitución de Miguel Ángel Aguirre como titular de la Auditoría Superior de Michoacán y lo inhabilitará 10 años para ejercer cargos públicos. Erigiéndose en Jurado de Sentencia, la 75 legislatura validará algunas de las imputaciones de la contralora Azucena Marín en contra de Aguirre, sin haber investigado la acusación oficial de una gran red de corrupción con vínculos laborales, familiares y políticos. El exauditor es acusado de comprar 150 equipos de cómputo, algunas lap tops y servidores, sin licitación pública, a través de una exsubordinada suya, “con posible beneficio económico para él”. La compra-venta directa, por 3 millones 158 mil pesos, trasgredió lineamientos en materia de adquisiciones, según dictaminó la comisión jurisdiccional que encabeza el panista César Palafox. Asimismo, Aguirre Abellaneda “incumplió pagos” del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y del impuesto a la nómina patronal. A tres meses de su destitución, el exfuncionario legislativo tendrá derecho a refutar las acusaciones de Azucena Marín en la tribuna del Congreso, sin periodistas y sin público en el recinto camaral. En sesión extraordinaria del Congreso, el Pleno daría vista a la Contraloría del Ejecutivo para que investigue las supuestas faltas atribuidas a Aguirre cuando fungió como delegado administrativo de la Secretaría de Finanzas durante la administración silvanista. El dictamen contra Aguirre es el único punto del orden del día de esta sesión extraordinaria convocada en receso legislativo. El pasado 25 de mayo, el entonces auditor superior fue depuesto, con el voto en contra de los diputados del PRI, del PRD y del PES. Este viernes, con una mayoría legislativa simple, Aguirre Abellaneda será enjuiciado y condenado con base en el dictamen firmado por César Palafox, Anabet Franco y Margarita López, con el voto en contra de Julieta Gallardo, lideresa parlamentaria del PRD. De acuerdo con el dictamen, el auditor Aguirre incumplió el pago del impuesto sobre erogaciones por remuneración al trabajo personal. Del año 2020 se adeudan 8.4 millones de pesos; del 2021, 6.7 millones de pesos; y del 2022, 5.1 millones de pesos. Ello amerita multas y recargos que “causan daño al erario público”. En el tema de las retenciones por Impuesto Sobre la Renta (ISR), la Auditoría Superior tiene un adeudo por 5.9 millones de pesos. “La omisión del entero a Hacienda constituye una falta grave que pudiera repercutir en el pago excesivo de multas y recargos”. Al atender las diligencias de la Comisión Jurisdiccional, el encargado de despacho de la Auditoría Superior, Marco Antonio Bravo Pantoja, afirmó que encontró irregularidades y violaciones en los estados financieros que no corresponden a la realidad financiera y patrimonial del órgano técnico del Congreso. A Aguirre Abellaneda también se le está acusando de omisión en presentar informes anuales de fiscalización correspondientes a 2020, 2021 y 2022. Activan el gran jurado Esta tarde el pleno del Congreso del Estado se erigirá en Gran Jurado, en sesión a puerta cerrada, únicamente con diputados, para debatir y votar las conclusiones de la Comisión Jurisdiccional, con la comparecencia de la contralora Azucena Marín y del exauditor Miguel Ángel Aguirre Abellaneda para hacer uso de la tribuna. La resolución del Poder Legislativo será inatacable. Tendrán que excusarse de votar aquellos diputados que tengan enemistad manifiesta con el exauditor superior o que tengan interés personal en ratificar la caída de Aguirre Abellaneda para así limpiar sus procesos abiertos en el órgano técnico fiscalizador del Congreso. Durante la práctica de las diligencias, la Comisión Jurisdiccional debió dar la garantía de defensa al exauditor Aguirre Abellaneda con apertura de un período de prueba de 30 días naturales. La contralora Marín y el exauditor Aguirre ya tomaron datos del expediente legislativo para formular alegatos. Ambos pueden alegar lo que convenga a sus intereses, según el articulado de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. Con el expediente ya totalmente armado, la Comisión Jurisdiccional se erige en órgano de acusación en contra de Aguirre Abellaneda. El trámite de este juicio político fue la reacción del Ejecutivo por haberse atrevido la Auditoría Superior a iniciar la fiscalización de la Cuenta Pública Estatal 2022, llegó a señalar Miguel Ángel Aguirre, denunciando negativas de la administración bedollista para entregar información del gasto público que se ejerció el año pasado, lo que constituía una falta administrativa grave, habiendo apercibido posible inicio de procedimientos de responsabilidad.
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