Javier Favela / La Voz de Michoacán Esta tarde, en que se discutió la inhabilitación de Miguel Ángel Aguirre Avellaneda, extitular de la Auditoría Superior de Michoacán, se hizo desalojar el salón de sesiones del Congreso local, con excepción de los diputados, para iniciar debate y votación de la inhabilitación del exfuncionario a puerta cerrada: el veredicto fue lo esperado: separación del cargo e inhabilitación por 10 años para ocupar puestos públicos. El veredicto tuvo 25 votos a favor, 9 votos en contra y cero abstenciones, oficializó César Palafox, presidente de la Comisión Jurisdiccional, ante los medios de comunicación. Todos los diputados del PRI y PES, así como la perredista Julieta Gallardo, votaron en contra del dictamen sancionatorio. Cabe señalar que el acusado no acudió a la sesión del Jurado de Sentencia. Antes del desalojo, la contralora Azucena Marín Correa hizo un llamado a maximizar el derecho a un juicio justo, pero también a no permitir más injusticias. Foto, Javier Favela. “De mejores fiestas nos han corrido”, expresó por su parte la exsecretaria legislativa de Finanzas, Rocío Pineda Gochi, haciendo eco al sentir de la multitud de asesores, asistentes personales y comunicadores invitados a desalojar el recinto parlamentario. En forma previa, en la tribuna camaral, el panista César Palafox, presidente de la Comisión Jurisdiccional, aseguró que el dictamen que ratifica la destitución encierra un trabajo imparcial hecho en los últimos meses. Afirmó que las documentales fueron examinadas de manera minuciosa. "Queda comprobado que existe responsabilidad del encausado. Ha incurrido en actos que empañan su responsabilidad administrativa". Erigiéndose en Jurado de Sentencia, la 75 legislatura validó algunas de las imputaciones de la contralora Azucena Marín en contra de Aguirre, sin haber investigado la acusación oficial de una gran red de corrupción con vínculos laborales, familiares y políticos. El exauditor fue acusado de comprar 150 equipos de cómputo, algunas lap tops y servidores, sin licitación pública, a través de una exsubordinada suya, “con posible beneficio económico para él”. La compra-venta directa, por 3 millones 158 mil pesos, trasgredió lineamientos en materia de adquisiciones, según dictaminó la comisión jurisdiccional que encabeza el panista César Palafox.
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