Arturo Molina / La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. Colectivos y organizaciones de mujeres de movilizarán a partir de la próxima semana por lo que consideran, una tendencia “agresiva” en los últimos años en contra de los derechos de la mujer desde el Congreso del Estado, situación que se ha fortalecido con diversas iniciativas minimizadas o apoyadas en semanas recientes. Y es que mientras aumenta de manera alarmante el feminicidio, homicidios de mujeres, violaciones, violencia intrafamiliar y otros fenómenos, grupos feministas consideran la legislación poco o nada ha hecho para, desde su trinchera, coadyuvar en mejorar el escenario. La asociación civil Humanas Sin Violencia destacó que, mientras se han congelado cuatro iniciativas que prometían brindar más claridad y garantías a las mujeres michoacanas, como sector vulnerable de la población, han surgido en fechas recientes otras nueve por parte de grupos al interior de los legisladores cuyas ideologías fueron calificadas de conservadoras y que van en contra de la lucha feminista. Al respecto, Circe López Riofrío, directora de Humanas sin Violencia y quién se ha destacado por su lucha por los derechos de las mujeres, lamentó que prácticamente en cada sesión los diputados locales sorprenden con iniciativas de ley que, asegura, criminalizan los derechos de las mujeres. “Nos hablan de cosas que son evidentes, la apología a la criminalización de las mujeres. Una invitación a la violencia y a dar poder a los hombres sobre los cuerpos de las mujeres. Aun cuando las mujeres pueden, afortunadamente desde hace varios años, decidir sobre su cuerpo, es incomprensible que desde la tribuna se le pague a equipos y diputados para que nadie pare este tipo de cosas”, explicó la activista. “Este terrible y detestable”, destacó. Esta semana la iniciativa que puso de nuevo en vilo a los colectivos de mujeres fue la que presentó el Partido del Trabajo en el tema del aborto. El diputado Baltazar Gaona García refirió que se debe castigar a quien motive un aborto y que incluso la sanción que se le imponga debe ser más severa que la que se le pueda imputar a la mujer que aborte. La iniciativa prevé que quien induzca a una mujer a abortar, con todo y acuerdo y consentimiento previo, se le impongan de dos a seis años de prisión, mientras que, si el consentimiento es conseguido empleando violencia física, económica, psicológica o mediante engaño, es decir, quien obligue u orille a la mujer a abortar, se le impongan de seis a nueve años de prisión. “Estoy consciente que la mujer tiene el libre derecho de decidir entre ser madre o no, pero también creo y estoy convencido que muchas de las mujeres que rechazan la maternidad es por el grado de irresponsabilidad y violencia que los hombres asumimos en su contra, son cientos de mujeres que han tenido que enfrentar la maternidad solas y que el hombre de manera irresponsable las deja a la deriva”, argumentó en su posicionamiento el diputado petista. “Reconozco a todas las jefas de familia que han asumido el doble papel de ser madre y padre al mismo tiempo, también considero que esto no debe de seguir ocurriendo, por lo que es indispensable luchar para erradicar la irresponsabilidad de los hombres, pues ellos tienen la principal obligación de ejercer con responsabilidad su sexualidad”, aseveró el legislador. La queja de los colectivos viene en el sentido de que, en lugar de abonar en diseñar leyes que garantice la decisión que tienen las mujeres de abortar o que sean en beneficio de un sector que sufre agresiones, se sigue centrando la discusión en cuestiones prohibitivas e incluso en términos que consideran tradicionalistas o machistas. Feminicidios, sin legislar adecuadamente En mayo de 2019, en el Congreso de Michoacán se presentó una iniciativa para que el asesinato violento de cualquier mujer sea investigado con perspectiva de género y debida diligencia, a efecto de que no se descarte de antemano la posible comisión de un feminicidio y que no sea pasado por el tamiz de ciertas consideraciones o circunstancias marcadas por un prejuicio o interés particular, por lo anterior, se urgió a modificar de manera urgente el artículo 120 del Código Penal del estado de Michoacán. A pesar de la urgencia dicho punto no ha sido trabajado. Uno de los temas que preocuparon es que las cifras de 2019 revelaron que en el estado de Michoacán únicamente el 30 por ciento se han judicializado. El resto, siguen su curso en las carpetas de investigación. En la mayoría de los casos de homicidios de mujeres que se han registrado por medio de la prensa local ha quedado constancia que la violencia y la saña han sido elementos constantes en la muerte de cientos de mujeres michoacanas. En el caso de las 4 mujeres asesinadas la semana pasada, en todas trascendió la mutilación y el uso de armas de fuego. No obstante, una mínima cantidad es tipificada como feminicidio. Recientemente, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) urgió a que se revisaran los protocolos de investigación de la Fiscalía General del Estado debido a la cifra baja carpetas de investigación que se iniciaban por feminicidio. Y es que los protocolos para establecer los criterios de feminicidio tal como lo establece el Código Penal de Michoacán, han sido cuestionables y cuestionados. Según la visión de la colectivo, urge que este tipo de iniciativas sean las que se aborden en el Congreso del estado, de las cuales hay al menos otras tres iniciativas congeladas desde hace meses. Atiende Seimujer violencia contra mujeres Como parte de las acciones establecidas en el Protocolo de Atención para Mujeres Víctimas de Violencia durante el COVID-19, la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres (Seimujer), dio atención durante los primeros días del mes de julio a 90 mujeres víctimas de violencia de género. De acuerdo con la titular Nuria Gabriela Hernández Abarca, con la llamada ‘nueva convivencia’ y ante la reactivación de más actividades, la dependencia ha incrementado las atenciones que de manera presencial se realizan en las oficinas centrales y al interior del estado. Indicó que, de los 90 casos atendidos, 50 por ciento corresponde a violencia psicológica, 30 por ciento a violencia económica, principalmente relacionadas con el pago de pensiones para hijos e hijas, y 20 por ciento a violencia sexual y física.
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