Un SAT estatal, Metrobús en Morelia y otro periférico: así repartirán el gasto en 2023 en el estado

Diputados ajustarán montos menores en el gasto de libre programación del gobierno del estado del próximo año. Antes de Navidad, el Poder Legislativo votaría paquete económico

Foto: Cortesía

Javier Favela / La Voz de Michoacán

Morelia, Michoacán. Al concluir el desfile de secretarios del Ejecutivo en la sede del Congreso para explicar las prioridades presupuestales del 2023, los diputados dictaminadores valoran hacerle reajustes al proyecto de Egresos del Estado para reasignar partidas entre dependencias.

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No habrá sorpresas ni nueva deuda ni nuevos impuestos en el paquete económico del 2023, afirmaron los diputados Marco Polo Aguirre y Seyra Alemán, presidentes de las comisiones legislativas de Presupuesto y de Deuda Pública. El gasto público de Michoacán, por más de 91 mil millones de pesos, se ejercerá a través de 80 Unidades Programáticas Presupuestales (UPP) para el próximo año.

El dictamen plantearía el tema de las obras públicas multianuales, siempre y cuando no implique la contratación de empréstitos públicos ni comprometa la liquidez de las finanzas michoacanas.

Se empezarán los trámites de creación una nueva dependencia denominada “Servicio de Administración Tributaria del Estado”.

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Surgirían nuevas Unidades Programáticas: el Centro de Conciliación Laboral, con una partida de 36.2 millones de pesos; el Centro Estatal para el Desarrollo Municipal, 17 millones de pesos; y el Centro Económico y Social del Estado, con 6.5 millones de pesos.

Deja de existir la Unidad Programática Presupuestal (UPP) denominada Instituto de Infraestructura Educativa del Estado, que este año recibió 779 millones de pesos. Ahora se hará cargo SCOP.

Los diputados avalarían destinar 1,500 millones de pesos a los programas sociales del Estado, así como 5,210 millones de pesos a las inversiones en el rubro de seguridad pública. El gasto en el sector salud prácticamente llegarían a 10 mil millones de pesos.

Dentro del presupuesto público de Michoacán se etiquetaría una partida para otorgar seguro de vida a los 3,660 elementos de la policía pública estatal o Guardia Civil del Estado, según proyectan los diputados dictaminadores del paquete económico 2023.

El seguro policial de vida se otorgaría el próximo año a los elementos de la Guardia Civil del Estado por llevar una vida de alto riesgo, con pago de indemnización a sus beneficiarios en caso de fallecimiento o de invalidez, había proyectado César Erwin Sánchez, secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad, quien confirmó la asignación de 806 millones de pesos como aportación estatal al Fortapaz (Fondo de Fortalecimiento para la paz).

El Metrobús de Morelia sobresale en el ambicioso paquete de obras públicas multianuales, que defendió el secretario estatal de Finanzas, Luis Navarro García, en el Congreso local. Las obras del Metrobús costarán 3,400 millones de pesos, calculó Gladys Butanda, secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad (Sedum).

Los carriles exclusivos para autobuses de tránsito rápido atravesarían 23 kilómetros de la mancha urbana de Morelia, desde Villas del Pedregal a Ciudad Salud, en un intento por solucionar el colapso de tránsito en horas pico en vialidades saturadas.

El financiamiento del Metrobús sería asumido por la empresa contratista que gane la licitación pública. El plazo máximo para terminar las obras multianuales será el 30 de junio de 2027.

El Metrobús tendría dos corredores. El corredor “troncal” iría de Villas del Pedregal al Centro Histórico de Morelia a través de 11.5 kilómetros y 24 estaciones, con un costo de 1,788 millones de pesos. En tanto, el corredor “flexible” iría del Centro Histórico a Ciudad Salud (próxima a la Expo Feria) a través de 11.8 kilómetros con 18 estaciones, con un costo de 1,628 millones de pesos.

El corredor completo del Metrobús costaría 3,400 millones de pesos. De ellos, mil 100 millones de pesos serían aportación estatal. A la fecha se está gestionando aportación federal a fondo perdido.

Otra obra multianual para Morelia sería el distribuidor vial enfrente de la Central de Abastos, con un costo de 220 millones de pesos. Esta obra traería un cambio de paradigma, al priorizar el tránsito del peatón en ese punto del libramiento norte de la ciudad.

Se prevé también un segundo circuito periférico de Morelia. Esta obra será ejecutada por segmentos y en tiempos mínimos, con buena planeación y apretando a las empresas contratistas.

Otras obras públicas multianuales proyectadas por el Gobierno Estatal son: el boulevard Jiquilpan-Sahuayo, la reconstrucción de la red carretera estatal, la brecha central en Tierra Caliente, la recuperación del río Duero, una línea de conducción hidroagrícola en el distrito Morelia-Queréndaro, un mercado en Pátzcuaro.

El dictamen del paquete económico 2023 refrendaría los riesgos relevantes para las finanzas michoacanas. a) Las participaciones no serían suministradas en su totalidad, si hubiera baja recaudación federal participable o descuentos por adeudos a terceros institucionales. b) Que empeore el conflicto bélico Rusia-Ucrania, generando mayor volatilidad en los precios de los energéticos o desabasto de los fertilizantes. c) Que no se materialice el convenio U080 para pagar la nómina magisterial. d) Laudos cuantiosos que generen desbalance financiero. e) Mayor inflación con mayores tasas de interés provocaría falta de liquidez. F) Desastres naturales de magnitud. g) Sobrecarga de prestaciones sindicales en los subsistemas educativos que no reconozca la Federación.

Va la obra multianual

Todas las obras públicas multianuales irían a licitación pública nacional, aseguró el secretario de Finanzas, Luis Navarro. Hasta 9 mil millones pesos costaría el ambicioso programa. “Esta es la única manera de hacer obras de gran calado como lo han hecho Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato o Querétaro”, sin comprometer la liquidez de las finanzas públicas ni endeudar al estado.

Serían los empresarios contratistas (los que ganen las licitaciones) los que financien los grandes proyectos de infraestructura, ejecutándolos en forma acelerada, con costo diferido para el gobierno. El gobierno haría pagos calendarizados al constructor.