Crecen conflictos legales por la tenencia de la tierra entre comunidades indígenas y particulares

Comuneros de Santa fe de la Laguna, Zirahuén, Huecorio y otras más se enfrentan en tribunales a particulares que buscan sobre todo, instalar sistemas comerciales en las tierras comunales y espacios públicos.

Arturo Molina / La Voz de Michoacán

Morelia, Michoacán. Suman más de 50 conflictos legales por tenencia de la tierra y espacio público los que disputan comunidades indígenas en contra de particulares. En los últimos años, presuntos propietarios de han apersonado en las comunidades con supuestos títulos de propiedad.

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Comuneros  de Santa fe de la Laguna, Zirahuén, Huecorio y otras más se enfrentan en tribunales a particulares que buscan sobre todo, instalar sistemas comerciales en las tierras comunales y espacios públicos.

El Consejo Supremo Indígena de Michoacán presentó los casos, en dónde denunció a las empresas aguacateras, de berrys y otros frutos de mantener presión legal en los pueblos originarios.

Actualmente se trabaja en mesas con la federación para atender la tenencia de la tierra, en dónde se han presentado 25 títulos virreinales.

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Pavel Ulianov Guzmán, vivero del Consejo Supremo Indígena del estado advirtió que incluso han percibido grados de corrupción en el Poder Judicial de la Federación en dónde se han prestado a corruptelas en agravio a la defensa de los espacios públicos y agrícolas de las comunidades.

En el caso de Zirahuén, los comuneros suman más de dos meses en conflicto legal en contra de un supuesto propietario de un predio al interior de la comunidad. En este caso se cuenta por parte del Consejo, con títulos primordiales que dan certeza jurídica a la comunidad indígena.

Otro de los casos es en Aranza en dónde particulares han iniciado litigios  en contra de la comunidad para hacerse se propiedades con la intención de la explotación comercial de las tierras.

En Santa Fe de la Laguna la condición es aún más compleja y se ha requerido del apoyo del equipo de abogados y especialistas legales del Consejo Supremo Indígena de Michoacán. En este caso son particulares de la cabecera en Quiroga los que buscan apropiarse de las tierras.

En Ocumicho, señalaron a las empresas aguacateras como las principales interesadas en despojar a los comuneros de sus tierras a través de litigios en tribunales. Apenas en 2021 denunciaron el despojo de hasta 400 hectáreas por parte de empresas que han llegado a apoderarse de los suelos que durante cientos de años han pertenecido a los pueblos originarios.

En este y otros casos, aunado a las presiones legales, la extorsión del crimen organizado también les ha obligado a ceder parte de las tierras que heredaron de sus ancestros.

Otro caso denunciado esta semana aconteció en Huecorio, tenencia de Pátzcuaro. Particulares aparecieron señalando que la plaza pública es propiedad privada y que en breve comenzaría el proceso de construcción de un complejo comercial.

"A través de prestanombres están tratando de apoderarse de Territorio comunal y es una constante porque quieren quitar a las comunidades el espacio comunal y el espacio público. Son más casos.  Son más de 50 casos. Estos son solo algunos casos", manifestó.

El Consejo Supremo Indígena insistió en el impacto que han tenido la degradación de los suelos en la región. Por la altura, la disponibilidad de agua y las bajas temperaturas, la producción de frutos rojos y aguacates han convertido en un blanco a las tierras y reservas indígenas de todo el estado de Michoacán.

Ante dicha condición, el Consejo Supremo Indígena de Michoacán emplazó a que tomaran cartas legales en el asunto e incluso, en caso de ser necesario arrancarán con jornadas de movilizaciones a nivel estatal.

Lo anterior incluso fue expuesto ante el gobierno de la República en las mesas de trabajo con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Se espera que en próximas semanas se entreguen al menos 25 títulos virreinales de comunidades que buscan proteger su patrimonio territorial.

A pesar de que han exhortado a los gobiernos estatales y federales en las distintas administraciones para que se garantice la protección de los ecosistemas, la ausencia cobra la vida de árboles y superficie boscosa todos los días. En la mayoría de los casos, el saqueo es atribuido a la presencia de grupos delincuenciales que ante la gran cantidad de Recursos maderables, siguen extrayendo y talando bosques a pesar de la protección de las comunidades.