Redacción/ La Voz de Michoacán Zamora, Michoacán. A dos años de la trágica muerte de una menor en su escuela, el riesgo de que vuelva a ocurrir es latente luego de que en la secundaria no se han implementado las medidas necesarias para prevenir que se repita una situación similar. Fue en septiembre de 2017 cuando en las instalaciones de la escuela Secundaria Técnica Número 79, ubicada en la calle Tancítaro de la colonia San Joaquín, en la ciudad de Zamora, murió la joven tras caerle un rayo. Eran alrededor de las 17:00 horas y la menor estaba debajo de un árbol cuando cayó la descarga eléctrica natural. Sus compañeros al verla inmóvil, avisaron a los directivos, quienes llamaron a Emergencias, pero al llegar los paramédicos ya era demasiado tarde. Luego de una revisión, se encontró que el pararrayos tenía más de 25 años de instalado en la escuela y ya no funcionaba. El Sistema de Protección contra Descargas Eléctricas Atmosférica determinó que debió existir un adecuado mantenimiento para prevenir accidentes, ya que el mal funcionamiento de un mecanismo de seguridad pone en riesgo a todos los que acuden a ese centro educativo. Tras la queja de los padres, de negligencia por parte de la autoridad educativa, la Comisión Estatal de Derechos Humanos determinó la responsabilidad administrativa por parte de la Secretaría de Educación en el Estado, y emitió una recomendación para que iniciara procedimiento administrativo en contra de quien se encontraba como encargado o tuviera las atribuciones de Director de la escuela, en la fecha en que ocurrieron los hechos, informando a esta Comisión el resultado de dicha medida. La CEDH también pidió girar una circular de manera inmediata al personal administrativo y docente para que se tomaran los protocolos de seguridad para la supervisión de los alumnos, en todo momento, mientras se encuentren bajo su responsabilidad. De igual forma se pidió dotar de Sistema de Protección contra Descargas Eléctricas Atmosféricas a la Escuela Secundaria Técnica número 79 de Zamora. La CEDH también pidió a la Secretaría de Educación en Estado (SEE) inscribir a los familiares de la menor en el registro de víctimas, para otorgarles atención psicológica y tanatológica. La SEE aceptó la recomendación, pero a dos años de la tragedia no se ha cumplido la misma.
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