Jorge Manzo / La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán.- El Gobierno del Estado ha impulsado las figuras de autogobiernos y presupuestos directos para comunidades indígenas, debilitando financieramente a los ayuntamientos, advirtió el abogado José Martín Ramos Ruiz, quien a su vez hizo propuestas para frenar el deterioro de las autoridades municipales. Lo que propongo es que se implemente desde la ley orgánica un presupuesto participativo vinculante, es decir, si una comunidad tiene el derecho a acceder al 10% del presupuesto anual, que el ayuntamiento se encargue de destinarlo ejecutándolo directamente en las necesidades que la comunidad indique” “Se plantea que dentro de la ley de participación ciudadana se establezca un presupuesto participativo. La ley orgánica establece que el ayuntamiento no lo ejerza, sino que sean las propias comunidades, y no es porque las comunidades no puedan ni lo merezcan, pero existe una escasa legislación en materia de rendición de cuentas”. El día de mañana cuando los ayuntamientos terminen sus mandatos, se tiene un periodo de hasta 5 años para que sean llamados a cuentas por presupuestos que fueron ejercidos por las comunidades. Lo que está pasando es que de manera autoritaria se está ordenando a los ayuntamientos a que entreguen el recurso”, sentenció el especialista. El maestro en derecho procesal constitucional y doctorante en ciencias jurídicas recordó que los presupuestos directos se derivan de la autonomía de los pueblos indígenas, y últimamente ambos conceptos se han estado confundiendo. “El autogobierno indica que las comunidades pueden organizarse políticamente como mejor convenga”. Mientras que el presupuesto directo es un derecho que deriva de la autonomía de los pueblos, pero que brinca al ámbito administrativo. “Puede haber comunidades que se organizan de una manera política, pero no ejercen presupuesto. En sí, hay mucha confusión entre ambos conceptos”, aclaró el especialista tras ver varios riesgos. Recordó que cuando una comunidad ejerce directamente el presupuesto, también les corresponde brindar servicios públicos como agua, alumbrado y seguridad pública, que dentro de las atribuciones legales están en manos de los ayuntamientos, sin embargo, aquí es donde aparecen las primeras dificultades. El hecho de que una comunidad ejerza presupuesto directo puede poner en riesgo el otorgamiento de servicios a comunidad. Por ejemplo, el otorgamiento del agua, que es derecho humano, no puede quedar suspendido. Al reorganizarse la comunidad, otorgar este servicio y otros más se convierten en grandes retos”. Informó que en Michoacán hay 20 comunidades indígenas que ejercen presupuesto de manera directa, sin embargo, hay otras 12 que están en trámite y en veremos. “Lo que sí hay que decir es que el presupuesto directo, aparte de mermar finanzas, no garantizan otorgamiento de servicios públicos, y lo terminan reclamando a los ayuntamientos”. Advierto dos riesgos claros: La atomización del presupuesto, que quedó evidenciada en Nahuatzen en donde sólo se ejerce el 40 por ciento del presupuesto. Y por otro lado, el tema de la seguridad, que ahora se abre la posibilidad de que las comunidades tengan sus propias guardias comunitarias, ejerciendo funciones de seguridad”. En este último punto dijo preocuparle que el gobierno del estado esté armando a estos grupos y que no se ajusten a los marcos normativos para el ejercicio de sus funciones. “De por sí Michoacán es convulso, con violencia, y el hecho de que arme a más grupos, no es la solución más adecuada para pacificar a una tierra tan complicada”. Descartó que la solución sea crear nuevos municipios como ocurrió en Oaxaca, puesto que la finalidad de estos es mejorar las condiciones de vida, y en ese estado ni hay paz y mucho menos mejoraron los niveles de vida.
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