Arturo Molina / La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. El Congreso de Michoacán incumple con el mandato de legislar en materia de despenalización del aborto, acusó el Gobierno estatal. A casi un año del fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la interrupción legal del embarazo, en el poder legislativo de esta entidad el tema no ha avanzado. Más allá de propuestas de “consultas populares” y debates estériles, el tema del aborto no se ha llegado a discutirse en el pleno del Congreso con los argumentos y criterios establecidos por la máxima tribuna del Poder Judicial. En voz del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, la participación del Ejecutivo en cuanto al tema del aborto está limitada a exhortar a los diputados locales y federales a que atiendan el mandato en las reformas necesarias a los códigos penales que permitan proteger a las mujeres. Fue en septiembre del 2021 cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sentenció como inconstitucional cualquier sanción penal a una mujer mexicana por la interrupción del embarazo. El argumento de la corte destacó las condiciones de pobreza, falta de información y violación de múltiples derechos en la acción penal, por lo que conminó a todos los congresos estatales a homologar con esta decisión las legislaciones locales. En Michoacán, dos legislaturas se han resistido a atender el tema. Recriminan a legisladores “Los que tienen que legislar son los congresos, la Suprema Corte ya resolvió y es un tema judicial que están incumpliendo los congresos. No es un tema del Ejecutivo, ni del presidente ni de los gobernadores”, manifestó el mandatario estatal. Especialistas han advertido que desde hace más de 20 años no se ha modificado el concepto de aborto en el Código Penal del Estado, por lo que la determinación del tribunal sienta precedente y ordenes al resto de los poderes del estado mexicano. Al elevar al rango de “inconstitucional” cualquier proceso legal en contra de una mujer por la interrupción del embarazo, supone una salida para la mujer o persona gestante en términos legales aun cuando la legislación local no se haya actualizado. El principio de progresividad marcará que a todos los jueces del país tendrán que partir del mismo criterio, lo anterior sumado a que las instituciones de salud tendrán que acercar todo lo necesario para garantizar la interrupción del embarazo de las mujeres que así lo decidan. A pesar de las necesidades en término de legislación, el debate en el Congreso de Michoacán no se ha apegado a la determinación de la Suprema Corte y las únicas propuestas que tuvieron alcance refieren someter los derechos humanos de las mujeres a votación mediante la realización de “encuestas” para conocer el sentir de la población. En voz de la doctora Elvia Higuera Pérez, subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno de la administración estatal, como institución defensora de las garantías individuales de los michoacanos, ratificó el respaldo a la determinación de la Suprema Corte y al señalamiento del gobernador respecto al incumplimiento de los diputados locales “en un tema tan sensible y urgente”. “En la Subsecretaría de Derechos Humanos coincidimos plenamente con la postura del gobernador que con base a ese precedente se puede transitar a una legislación donde se deje de criminalizar la interrupción del embarazo porque, además, coincido también con la Suprema Corte: es un tema de desigualdad, tiene que ver con la pobreza de las mujeres que son castigadas por una interrupción del embarazo que son aquellas mujeres que tienen desventaja social, marginación y donde no hay acceso a la información”, manifestó. Criminalizan por interrumpir embarazo Durante el 2021 se acumularon una docena de carpetas ante la Fiscalía General de Michoacán por el delito de aborto. En promedio se abrieron dos carpetas de investigación en cada mes del 2021, a excepción de marzo y abril que registraron tres casos respectivamente, mientras que mayo apareció con cero en el listado. En un comparativo, trascendió que durante todo el 2020 un total de 11 mujeres fueron procesadas por la acción que aún es considerada como delito en el Código Penal de Michoacán. Si bien en la ley se advierte esta acción como un delito menor hacia la mujer que incurra en el acto, especialistas advierten otras prácticas legales consideradas como “trampas” que ponen en riesgo la integridad de las mujeres. Asimismo, a principios de este 2022, activistas y agrupaciones defensoras de los derechos humanos denunciaron al menos cuatro casos de mujeres que se encuentran en prisión por abortar.
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