Arturo Molina / La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. Con base a la necesidad de combatir la alta tasa de reincidencia en abuso de autoridad y otros malos manejos, a partir del mes de junio Michoacán contará con un padrón de funcionarios públicos y actores políticos sancionados por violaciones recurrentes a las garantías individuales de los ciudadanos en la entidad. La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) anunció la medida que buscará poner a la vista y al escrutinio de la ciudadanía el comportamiento de los funcionarios públicos, así como de los aspirantes a cargos de representación popular. Cada año, la CEDH emite cientos de recomendaciones por abusos por parte de los funcionarios. A pesar de lo anterior, la reincidencia de los mismos es una constante que ha derivado en preocupación. Los más señalados son los funcionarios municipales en cuanto al tema de servicios, las instancias de seguridad pública locales y estatal, así como salud pública y educación. En voz de Marco Antonio Tinoco Álvarez, titular de la CEDH en Michoacán, señaló que lo anterior plantea también el buscar armonizar la política nacional de empadronar a los violadores de garantías individuales con un ejercicio similar en el estado. A nivel nacional ya se cuenta con el padrón que en términos prácticos tendría que ser alimentado por los padrones de cada una de las entidades en el ámbito de las competencias por la defensa de los derechos humanos. De acuerdo con el titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, se ha notado una marcada tendencia en donde incluso, los actores políticos al verse sancionados en más de una ocasión en sus estados simplemente se mudan para “empezar desde cero” en otras ciudades. “El modelo político nos excedió y estamos trabajando en este padrón de servidores sancionados por violaciones a derechos humanos. Estamos viendo que hoy hay funcionarios que tienen hasta 10 recomendaciones y solamente se van a otro estado a seguir trabajando como si nada pasara”, manifestó Marco Antonio Tinoco. El mismo plan buscaría entregar el padrón a los organismos electorales para que valoren mecanismos de contención e incluso, impulsar de la legislación el frenar candidaturas de políticos reincidentes. “Es un hecho, hay dos cosas. La primera es que haya un registro nacional de funcionarios públicos que hayan incurrido en violencia de género, pero hay una parte invisibilizada que es la nuestra. Si los funcionarios que han sido violadores de derechos humanos tienen modos honestos de vivir y si han recibido recomendaciones, si esa recomendación lo inhabilita para ser elegible electoralmente”, reflexionó el ombudsperson. Es un tema que estamos trabajando y que queremos habilitar; no tenemos un registro y estamos trabajando en un padrón de funcionarios que seguramente vamos a compartir con los organismos electorales para que ellos valoren si pueden ser elegibles o no a cargos de elección popular”, manifestó. Se acumulan quejas En los últimos meses se dio a conocer el dramático aumento de quejas ciudadanas. Según el informe de la CEDH presentado este año respecto a quejas, trascendieron 271 quejas contra la Secretaría de Educación del Estado (SEE) y 51 contra la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM). Durante el 2022 fueron más de mil 600 quejas presentadas por los ciudadanos ante el organismo local, a las cuales se suman otros cientos provenientes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) vinculados a las dependencias federales, principalmente a las fuerzas armadas y las instituciones de salud pública. Las quejas más recurrentes en cuanto a los servicios básicos y seguridad suelen dirigidas a los Ayuntamientos: el de Morelia recibió un total de 79 quejas; Zitácuaro con 28; Apatzingán con 27; Irimbo 21; Uruapan con 18; Zamora 17; Lázaro Cárdenas con 12 y Pátzcuaro con 5 señalamientos. En este caso, resalta el gobierno municipal de Morelia, encabezado por el alcalde Alfonso Martínez Alcázar, como el punto con mayor cantidad de quejas en Michoacán, de las cuales se desprenden fallas en el abastecimiento del agua potable y más recientemente por la operación de los alcoholímetros y filtros policiales, considerados por la CEDH incluso fuera de la normativa. En opinión de Tinoco Alvarado si bien la mayoría las quejas presentadas son en contra de las instituciones de seguridad y justicia, preocupan las necesidades no satisfechas de cientos de miles de habitantes principalmente de las ciudades del estado, en torno a servicios básicos. Entre las acciones implementadas desde la CEDH radica en buscar diálogo con los municipios más allá de simplemente enviar decenas de recomendaciones como se había realizado hasta los últimos años.
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