Javier Favela / La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. Nadie puede hacer proselitismo o difundir propaganda antes de la fecha del arranque de precampañas, antes de la tercera semana de noviembre del 2023, advirtió David Alejandro Delgado Arroyo, vocal ejecutivo del INE en Michoacán, quien enfatizó que la autoridad electoral negará el registro como precandidatos a los infractores. También será causal de negativa de registro de precandidaturas, cuando los aspirantes hayan contratado propaganda en estaciones de radio y canales de televisión para hacerse promoción personal. Una vez que llegue el tiempo de las precampañas, los aspirantes tendrán prohibido otorgar artículos promocionales utilitarios (llaveros, bolígrafos, gorras, playeras, calendarios, tazas o vasos). A mediados de octubre del 2023 los partidos podrán definir procedimientos para la selección interna de sus candidatos. En tanto, a mediados de noviembre arrancarían las campañas que en ningún caso podrán exceder de 60 días, acotó el árbitro electoral. Delgado Arroyo enfatizó que los tiempos electorales se encuentran establecidos en el artículo 41 de la Constitución de la República. Ahí está estipulado que las precampañas durarán 2 meses (60 días), mientras que las campañas federales no rebasarán los 90 días. Si un precandidato no entrega informe de ingresos y gastos de precampaña dentro del plazo establecido, el INE le negará registro legal como candidato, remarcó también el funcionario electoral. (Cabe recordar que a Raúl Morón se le negó el derecho a competir por la gubernatura por no reportar gastos de precampaña). Hay que puntualizar que la negativa de registro de precandidaturas puede judicializarse ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal (TEPJF), cuyos magistrados dictan la última palabra. El árbitro electoral federal abordó el tema de la controversia recurrente sobre la duración de las campañas y precampañas políticas. Por un lado, los mercadólogos políticos argumentan que aquellos que busquen una candidatura deben tener una presencia prolongada para posicionarse en la preferencia del electorado. Analizó que algunos defienden que los políticos deben tener absoluta libertad de expresión y manifestación para hacer política, reduciendo la política a posicionarse para buscar cargos públicos. Sin embargo, otros demandan condiciones de equidad en la competencia política por los cargos públicos, lo cual alimenta una discusión permanente de futuros en lugar de enfocarse en el cumplimiento de responsabilidades públicas en el presente. Planteó que la política va más allá de los posicionamientos sobre quién debe ocupar los cargos públicos. Incluso la ley establece requisitos para el registro de candidaturas, como la presentación de plataformas electorales, es decir, los proyectos que se defenderán. En esencia, se busca enfocarse en la idea antes que en la persona. Delgado Arroyo consideró que el TEPJF ha generado un punto de equilibrio de interpretación en relación a la duración de las campañas electorales, considerando los derechos humanos a la libertad de expresión, de manifestación y de asociación. Empero, esta interpretación ha llevado a “la simulación en los hechos”.
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