Contratistas que ganen licitaciones públicas financiarán los proyectos de obra en Michoacán

Maricruz Rios / La Voz de Michoacán

Morelia, Michoacán. El Colegio de Economistas del Estado de Michoacán (CEEM) aplaudió la iniciativa de financiamiento multianual para obra pública que este año arrancará el gobierno del estado para diversos proyectos, tales como el metrobús en Morelia.

Más allá de la efectividad o no de dichos planes en términos de movilidad o beneficio social, el CEEM realizó un análisis de la propuesta y estableció que “se trata de un esquema eficaz” que ayudará en la ejecución de proyectos sin seguir recortando la cartera o recurriendo a mayor endeudamiento, como en sexenios pasados.

De acuerdo con la presentación del Ejecutivo estatal, el programa de obra multianual cubriría de entrada 18 meses por hasta 9 mil millones de pesos, estrategia mediante la cual serán los empresarios contratistas (los que ganen las licitaciones públicas) quienes financien los grandes proyectos de infraestructura, ejecutándolos en forma acelerada y con costo diferido para el gobierno, el cual sería cubierto posteriormente.

Entre las obras multianuales se han adelantado el proyecto de sistema de transporte BRT (metrobús) y el distribuidor vial del Mercado de Abasto para la ciudad de Morelia, el nuevo Mercado Municipal de Pátzcuaro, un cablebús para la zona urbana de Uruapan y el bulevar en la zona conurbada Jiquilpan-Sahuayo.

Sobre el esquema de financiamiento interanual, Heliodoro Gil Corona, coordinador de Proyectos Estratégicos del CEEM, reconoció que “formalmente no se registra como deuda pública, en virtud de que los recursos provienen de los contratistas de obras y respaldados con presupuesto público”.

Esta forma de fondeo también servirá para hacer frente una de las grandes falencias en el estado: la baja inversión pública a partir de los acotados recursos, lo que a su vez ha estancado el desarrollo social y la atracción de nuevas inversiones a la entidad.

El también investigador de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) recordó que en las últimas décadas han persistido las vulnerabilidades estructurales que han angustiado a las finanzas públicas de Michoacán, por ejemplo, debido a que se generan escasos ingresos estatales el gobierno estatal enfrenta una excesiva dependencia de los recursos federales, a lo que se suman fuertes pasivos presupuestarios, un elevado endeudamiento bancario directo y, en términos generales un deterioro institucional acumulado de la administración pública.

“En el estado se dispone de un modelo fiscal estatal abúlico, cuyas consecuencias han reducido la capacidad para generar ingresos locales; el gobierno estatal cuenta con impuestos de bajo potencial y bases tributarias endebles y omisas”, sentenció Gil Corona, quien, sin embargo, destacó el aumento relevante en la recaudación en los últimos años.

Actualmente los impuestos de orden estatal vigentes en Michoacán son el de Loterías, Rifas, Sorteos y Concursos; sobre la Enajenación de Vehículos de Motor Usados; sobre los Servicios de Hospedaje, el Impuesto Sobre la Nómina (ISN) y los impuestos ecológicos, recurso al que se tienen que sumar los trámites vehiculares ordinarios, incluyendo el reemplacamiento del año pasado.

De estos gravámenes, el de la nómina es la principal fuente de ingresos, que ronda el 90 por ciento de la recaudación estatal total anual, cerca de los 2 mil millones de pesos, que si bien no es una cantidad despreciable no alcanza para los programas estatales y las necesidades en materia de inversión en obra pública.

“La carencia de inversión pública ha sido una constante en poco más de una década, tratando de atender esta insuficiencia a través de la contratación sistemática de deuda pública bancaria en sexenios anteriores”, apuntó el académico nicolaita, “por ello la relevancia de que el Congreso local haya aprobado al gobierno estatal un nuevo esquema de financiamiento para llevar a cabo inversión pública multianual en proyectos clave de infraestructura económica y social”.

“Se trata de un esquema eficaz y probado que acelera la ejecución de obra pública estratégica para cerrar brechas económicas y sociales regionales, y de la estructura de pagos al tiempo que no compromete los recursos disponibles en caja”, concluyó.