Acabar con recursos naturales para enriquecerse, práctica que se expande por todo el estado

La disputa por el agua no sólo se da en Yoricostio, sino que ya se presenta en Lagunillas, Pátzcuaro, Tancítaro, Paracho y Parácuaro

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Rogelio Arellano / La Voz de Michoacán

Uruapan, Michoacán. Lagunillas, Pátzcuaro, Tancítaro, Paracho y Parácuaro son algunas de las regiones que enfrentan riesgos de conflictos sociales por la disputa del agua entre quienes buscan privilegiar la producción de alimentos con alta rentabilidad para acceder a riquezas casi inmediatas a costa de disminuir el abasto del vital líquido en zonas urbanas o bien para otras actividades agrícolas de menor importancia económica.

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“Efectivamente, tal y como se publicó en La Voz de Michoacán, la disputa de agua de una presa por parte de aguacateros de Yoricostio es una realidad que también puede recrudecerse en otras partes del estado, donde los monocultivos le están ganando terreno al paisaje natural”, señaló Juan Manuel Madrigal, ambientalista uruapense enfocado al fomento de la educación ecológica entre las nuevas generaciones.

Leyes, normas y una larga lista de documentos oficiales que permiten a los tres niveles de gobierno tomar cartas en el asunto y evitar el deterioro ambiental, son hasta ahora sólo documentos archivados. “Se debe aplicar la ley para evitar que siga avanzando el cambio ilegal de suelo, pues es uno de los principales detonantes para que haya menos agua para consumo humano y los cultivos”, dijo el entrevistado.

“Es imposible negar que la gran demanda de aguacate sigue despertando la ambición de muchos, pero para favorecer a solo unos pocos a través de generar intereses o complicidades con quienes representan las instituciones relacionadas con el cuidado ambiental y las actividades de desarrollo rural”, indicó el entrevistado.

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Las actividades legislativas de las últimas décadas han permitido que actualmente se cuente con leyes que pueden combatir de manera eficiente la mayoría de delitos ambientales, pero existe la impunidad por esos intereses creados y se da paso a riquezas casi inmediatas a costa del deterioro de los recursos naturales, no sólo la deforestación, sino también la contaminación.

El problema con el aguacate no es exclusivo en cuanto a exigir la sobreexplotación de los mantos freáticos. “En Ihuatzio, por ejemplo, la comunidad ha exigido que los productores de frutillas disminuyan esa sobreexplotación a través de la perforación de pozos profundos, fenómeno que se extiende por Lagunillas e incluso hasta Morelia, hasta donde se ha extendido la producción de aguacate”.

La zona de transición entre tierra fría y Tierra Caliente en las colindancias de los municipios de Tancítaro y Parácuaro es otro espacio donde la disputa por el agua para la agricultura también comienza a ser un problema social. “Un río que nace a las faldas del Pico de Tancítaro con escurrimientos hacia Parácuaro ya no es suficiente porque en la parte alta se sobreexplotan los mantos freáticos para atender necesidades de los cultivos de oro verde”, sostuvo.

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“Lo de Yoricostio es una alerta de lo que pueden desencadenar o está desencadenando la sobreexplotación y deterioro de los recursos naturales, sobre todo por parte de inversionistas extranjeros que arriban con la promesa de generar fuentes de empleo, pero también a costa de estelas de contaminación. Están creciendo los invernaderos, que exigen grandes cantidades de agua por medio de excavar pozos”.

La Meseta Purépecha no escapa a esta realidad. “¿Cómo es posible que zonas como Paracho registren disminución en la capacidad para abastecerse de agua debido a la sobreexplotación de los ríos subterráneos ante la expansión de huertas de aguacate en tierras de vocación forestal? Es una situación que se repite en la Cañada de los Once Pueblos y que se debe atender para evitar escenarios de conflictos sociales como ya ocurre en Yoricostio”, advirtió.

Puntualizó que todos tenemos derecho al agua, sin embargo, las autoridades deben evitar la escalada de pleitos por la misma a niveles que generen desestabilización; es decir, apuntalar las políticas públicas para que se cumpla la ley sobre evitar las componendas entre quienes observan la depredación de los recursos naturales como una oportunidad para enriquecerse casi de manera inmediata, ello a pesar de que se pueden lograr soluciones equilibradas.