5 mil presos en Michoacán: hay que revisar caso por caso para saber quienes se liberan por Amnistía

El objetivo del censo es establecer cuantas personas podrían acceder al beneficio de la amnistía.

Foto: La Voz de Michoacán.

Arturo Molina / La Voz de Michoacán

Morelia, Michoacán. Autoridades en el estado reconocen que se complica censo de penales y centros de readaptación social de Michoacán. La diversidad de casos de delitos en términos de fuero común y fuero federal, los sistemas de justicia bajo los cuales han sido juzgados, así como las condiciones socioeconómicas, han dificultado saber cuántos podrían ser liberados bajo una eventual Ley de Amnistía que promueve la Federación.

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Según información de la Coordinación de Centros Penitenciarios en Michoacán, desde el mes de diciembre se iniciaron los trabajos para establecer un censo, los cuales se han complicado como parte de un desorden administrativo que abarca también condición de vulnerabilidad, tipo de delitos y hasta la información disponible sobre cada uno de los presos en la entidad.

Actualmente, los once penales que hay en Michoacán albergan a 5 mil 268 personas privadas de la libertad, de las cuales 4 mil 641 corresponden al fuero común y 627 al fuero federal. El objetivo del censo es establecer cuantas personas podrían acceder al beneficio de la amnistía.

Lo anterior, a consideración a que esta entidad participaría dentro de un programa piloto que ya negocian autoridades estatales y federales, así como el Arzobispado de Morelia.

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Cada uno de los centros penitenciarios tendría que revisar todos los casos, no obstante, también los jueces de control del Poder Judicial, tanto estatal como federal, tendrán que evaluar los mismos.

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Y es que, con el cambio y transición al Nuevo Sistema de Justicia Penal hay un completo desfase en las carpetas, por lo que se tendrán que diagnosticar de uno por uno.

Fue en diciembre de 2019 cuando el Senado de la República aprobó el dictamen para la Ley de Amnistía, el cual contempla la liberación de presos que, por sus condiciones de pertenencia a grupos vulnerables, condiciones desiguales, proceso injusto o tiempo en la prisión sin un juicio determinativo serían beneficiados. Se busca apoyar a mujeres, grupos indígenas, personas con discapacidad, de la tercera edad y madres de familia.

También se considera que la Ley de Amnistía aplicaría a personas juzgadas por los delitos de aborto, delitos menores contra la salud, robo simple y sedición, en el análisis estadístico de probables beneficiarios se están considerando factores tales como los lineamientos del sistema de justicia penal que regía su proceso al momento de ser encarcelados y que durante el proceso penal no hayan acumulado más delitos al interior del centro penitenciario.

Para obtener una cifra certera, deberá realizarse un análisis minucioso caso por caso en cada uno de los 11 centros, respaldado por los jueces de ejecución de sentencias y las autoridades penitenciarias de cada penal.

Por ello la coordinación de Centros Penitenciarios ha advertido que no se puede adelantar en estos momentos una cifra ni siquiera aproximada de las personas que podría beneficiarse, por lo que se espera a que la ley sea aprobada en lo general y lo particular para comenzar el análisis y recibir las solicitudes de amnistía.

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A nivel federal sí se tiene una estimación de cuantas personas podrían ser beneficiadas por la nueva legislación: según información de la Secretaría de Gobernación serían al menos 6 mil 200 personas las que podrían alcanzar la libertad a partir de este mismo año.

La situación es compleja en términos de operatividad del esquema propuesto. Se buscará que los delitos del fuero común también alcancen el grado de amnistía, para lo cual se buscará que los 32 congresos locales de cada una de las entidades armonicen la Ley de Amnistía nacional con las necesidades de cada uno de los estados.