Arturo Molina / La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. La responsabilidad de concluir el proceso de construcción del distribuidor vial de salida a Salamanca recaerá en el segundo o tercer lugar de las empresas que participaron en el proceso de licitación celebrada en 2019 por el Gobierno de Michoacán. Ante el proceso de rescisión del contrato y demás sanciones, las autoridades estatales ya marcaron la ruta a seguir para buscar concluir esta obra, que lleva ya prácticamente dos años sin poderse finiquitar. En voz del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, “ya no hay vuelta atrás” en la determinación de sancionar y rescindir el contrato a la empresa Cortés Palma Cia. Constructora SA de CV y Contratista General de América Latina SA de CV debido a los retrasos acumulados de más del 20 por ciento, en una obra que debería entregarse, ya con prórroga a finales de este mes. Foto: Samuel Herrera Jr., La Voz de Michoacán. Por lo anterior, la propia ley marca que para evitar sobrecostos en nuevos procesos de licitación y más retrasos en los tiempos de construcción, se debe de voltear a ver a las empresas locales que también participaron en el proceso hace casi dos años. A semanas de que la obra tenga que sea entregada por completo, la principal pregunta de los ciudadanos aún no tiene respuesta; no hay fecha concreta ni estimaciones de para cuando se podría tener listo el distribuidor vial que fue prometido originalmente a los morelianos para el pasado 30 de abril. Al respecto, el mandatario michoacano estimó que las empresas que participaron en el proyecto de licitación conocen y tienen la capacidad de intervenir directamente en el proyecto que se encuentra a poco más del 70 por ciento. Ante las dudas de los medios locales de comunicación, emplazó a la empresa de salida a Mil Cumbres al mismo destino si no apura la marcha. Foto: Samuel Herrera Jr., La Voz de Michoacán. En su encuentro semanal con medios locales de comunicación, se exhibieron algunas de las inconsistencias encontradas en los procesos de revisión de las últimas semanas a través de la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) en la entidad. Algo que resaltó fue que la contratación la realizó el gobierno anterior y fue por la cantidad de 487 millones de pesos para concluirse en 18 meses, “pero la obra no se ha terminado en el tiempo establecido a pesar de que dimos todas las facilidades que marca la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados”, dijo Ramírez Bedolla. Asimismo, en ambos casos los trabajos se pagaron por adelantado e incluso se observaron intentos de amortización en los meses previos al cambio de administración estatal. En el caso de salida a Salamanca, el gobernador añadió que se hizo un convenio adicional por 95 millones de pesos para apoyar a la empresa, ya que fue necesario hacer trabajos que no estaban contemplados en el proyecto original, con el propósito de que pudiera concluir la obra el 30 de julio; sin embargo, la constructora nuevamente incumplió con avanzar en la construcción. Hay “tintes raros” en el comportamiento de las empresas constructoras después del proceso electoral, por lo que el Ejecutivo estatal aclaró que el objetivo de la rescisión de contratos hasta este mes de junio obedece a las intenciones de esquivar amparos y posibles interrupciones de la obra por pleitos en tribunales. Se va a rescindir el de salida a Salamanca porque es un tema técnico. Nosotros podemos interpretar cosas. Yo les dije que rescindieran los dos contratos de los dos distribuidores, pero me dijeron que no porque necesitamos estar con base en la ley”. Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán “Si tomamos una decisión a contentillo o por criterio propio, individual, lo que pasa es que las empresas se nos amparan, nos meten demanda y nos las ganan. Es un tema complejo. Hemos sido muy prudentes con el tema de las empresas porque lo que queremos es que concluyan”, explicó. “Pero de que aquí hay algo raro lo hay; le apostaron al otro gallo y perdieron. Lo único que les pedimos que terminen”, explicó en inferencia clara a las elecciones para gobernador del año pasado. Sobre el distribuidor de la salida a Mil Cumbres, informó que sólo cuenta con un atraso físico del 8 por ciento de la obra que se proyectó en 422 millones de pesos, de los cuales se dio un anticipo del 60 por ciento a la empresa Integradora Latinoamericana de Infraestructura Constructiva, SAPI de CV y Asociados, quien tiene plazo hasta el 30 de julio para concluirla. ‘Tuvieron todas las facilidades’ Por su parte, José Zavala Nolasco, titular de la Secretaría de Comuniones y Obras Públicas (SCOP) presentó las irregularidades que se observaron desde que se heredó el proyecto en octubre del 2021. Se advierte que las obras se pagaron por adelantado e incluso, se amortizaron costos de ejecución que no estaban concluidos por intereses no especificados; “La contratación la realizó el gobierno anterior y fue por la cantidad de 487 millones de pesos para concluirse en 18 meses, pero la obra no se ha terminado en el tiempo establecido a pesar de que dimos todas las facilidades que marca la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados”.
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