Javier Favela, Arturo Molina / La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. Una decena de los 40 diputados locales firmó la polémica iniciativa para emitir una nueva ley reguladora del transporte público en Michoacán, cuyo punto más controvertido estriba en la autorización a vehículos Uber para operar con permiso estatal. Jamás me doblegaré ante chantajes y presiones”, advirtió Salvador Arvizu desde su curul en el salón de sesiones del Congreso, mientras los portones eran salvajemente golpeados por los detractores de esa iniciativa cobijada también por el PT, además de Javier Paredes (independiente), Adriana Ceballos (PAN), Zenaida Salvador (Morena), Osiel Equihua (Morena), TonyMartínez (PRD), Sergio Báez (Morena) y Arturo Hernández (PAN). “El estado recuperará la rectoría del transporte para que el sector deje de ser botín electorero”, asumió Arvizu, al recordar que desde hace 37 años no hay reformas a la Ley estatal de Comunicaciones y Transportes para incluir temas como el impacto ambiental. De ser aprobada la propuesta, el gobierno autorizaría a los particulares prestar servicio de transporte de pasajeros a través de aplicaciones móviles, con una plataforma electrónica de geolocalización para contratarlo a través de telefonía celular, como Uber o Cabify. Según la iniciativa turnada a comisiones, los choferes de Uber tendrían una página web a disposición del público para publicar ahí las tarifas vigentes y el catálogo de vehículos que prestan el servicio. Serían las organizaciones transportistas con aplicaciones móviles las que expedirían comprobantes de pago del servicio y lo remitirían a correos electrónicos de los clientes. La denominada ‘Ley Arvizu’ plantea regular también las concesiones y permisos del transporte público, escolar, de pasajeros y de grúas. La iniciativa aboga por el derecho a la seguridad social. El 98 por ciento de los operadores del transporte labora sin derechos básicos de trabajo, honorarios, prestaciones; sin acceso a la salud ni vivienda, ajenos a salarios dignos y vacaciones, se diagnostica. Se apremia a terminar con la falta de control y con la anarquía en el transporte. La diputación fustiga la corrupción en el sector, así como el abuso de algunos concesionarios y permisionarios que consideran la concesión como si fuera una propiedad privada. El Estado siempre tendrá la facultad de cancelar concesiones o permisos. El concesionario o permisionario nunca tendrá propiedad jurídica sobre la concesión o permiso, por tratarse de un simple usufructuario, de acuerdo con el anteproyecto legislativo. Es de recordar que las legislaturas estatales cuentan con atribuciones para regular la movilidad para el transporte público, según la Carta Magna. Se señala que la informalidad en el transporte se presenta en un 88 por ciento, por varias causas, incluyendo el secuestro del servicio por parte de la mayoría de los concesionarios. Se plantea que los usuarios del transporte llegan a ser víctimas de asalto, acoso, violencia y lesiones. El anteproyecto reconoce que las familias más pobres gastan hasta el 50 por ciento de sus ingresos en transportarse en condiciones indignas. Sobre la mortalidad por colisiones en accidentes de tránsito, se evidencia que las lesiones en tales circunstancias constituyen la principal causa de muerte entre los 10 y 24 años de edad.
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