Jorge Manzo/ La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. Tras la revocación de la formal prisión al extesorero Luis Miranda, en Michoacán no hay ningún exfuncionario de alto nivel detenido por el desfalco financiero que en su momento se denunció, tras la deuda de más de 38 mil millones de pesos que se viene arrastrando desde la era de Leonel Godoy Rangel. La Contraloría estatal por su parte ha oficializado que se han instaurado mil 41 procedimientos administrativos, de los cuales han derivado en 90 sanciones que van hasta inhabilitaciones. Miranda Contreras, quien pagó una fianza de más de 52 millones de pesos para seguir su proceso penal fuera de prisión, fue prácticamente absuelto por el Poder Judicial, tras no encontrar elementos suficientes que acrediten su responsabilidad en el desvío de más de 26 millones de pesos. Fue detenido en octubre del año pasado y fue fugaz tesorero en la administración de Fausto Vallejo. Liderazgos políticos en Michoacán han lamentado la decisión del órgano jurisdiccional, sin embargo, siguen con la esperanza de que se sancione a quienes malversaron recursos públicos. De acuerdo con la Contraloría, desde octubre del 2015 se han interpuesto por lo menos 15 denuncias ante la Procuraduría General de Justicia, al considerar que existen elementos suficientes para acreditar delitos. No obstante, ninguno de los 14 ilícitos aplicables a hechos de corrupción constituyen delitos graves, por lo que ninguno de los imputados enfrenta procesos penales en prisión preventiva. En tanto, pese a que no hay secretarios de estado en prisión, de acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción de Michoacán se ha advertido que “peces bien gordos y muy bien comidos” se encuentran en varias carpetas de investigación por presuntos actos de corrupción. Casos de peculado, abuso de autoridad y enriquecimiento ilícito lleva la Procuraduría en alrededor de 30 indagatorias ministeriales en curso en contra de exfuncionarios. En tanto, las denuncias penales que se han presentado por la Contraloría del Estado abarcan desde irregularidades que pueden configurar delitos que trastocan las áreas administrativas en manejo de recursos tanto del sector educativo, de seguridad y de salud. A fines del año pasado, la fiscalía estatal dio a conocer que tres carpetas de investigación fueron remitidas a la Procuraduría General de la República en donde se evidenciaba una presunta afectación al erario por el orden de los dos mil 493 millones de pesos. Fueron enviadas a la PGR por tratarse de recursos federales.
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