Omar Cuiriz / La Voz de Michoacán Con la instalación formal del Consejo Local del Instituto Nacional Electoral (INE) en Michoacán, este miércoles arrancaron oficialmente los trabajos preparatorios para el Proceso Electoral Concurrente 2026-2027, contienda en la que la ciudadanía michoacana renovará la gubernatura del estado, el Congreso local, los 112 ayuntamientos y las diputaciones federales. Durante la sesión solemne de apertura, los representantes de las fuerzas políticas de oposición centraron sus posturas en dos reclamos prioritarios: blindar las urnas frente a la intromisión de la delincuencia organizada y garantizar equidad en la contienda ante presuntos actos anticipados de campaña. El consejero presidente del INE en Michoacán, David Alejandro Delgado Arroyo, precisó la magnitud del proceso democrático que se avecina y detalló el catálogo de representaciones que estarán en juego para la entidad. “En el proceso se habrá de elegir en el estado una gubernatura, 24 diputaciones locales de mayoría relativa, 16 diputaciones de representación proporcional, 12 diputaciones federales de mayoría relativa y 112 presidencias municipales con sus respectivas sindicaturas y regidurías”, expuso Delgado Arroyo. Asimismo, explicó que la cifra global asciende a 1,190 cargos en disputa al contemplar las 40 diputaciones federales de representación proporcional correspondientes a la quinta circunscripción plurinominal, demarcación que Michoacán comparte con el Estado de México, Querétaro y Colima. Respecto a las facultades que asumirá el cuerpo colegiado, el consejero presidente remarcó: “El Consejo Local tiene diversas responsabilidades para las elecciones federales y locales. Le corresponde vigilar que se cumplan los acuerdos y resoluciones del Consejo General en el ámbito de las juntas y consejos distritales, coordinar el Registro Federal de Electores, ubicar e integrar las casillas, capacitar a los funcionarios de mesa directiva y acreditar a la ciudadanía observadora electoral, entre muchas otras atribuciones bajo los principios de certeza, legalidad, independencia, máxima publicidad, paridad y perspectiva de género”. Oposición demanda blindaje de seguridad y autonomía al IEM Durante las intervenciones de las representaciones partidistas, los señalamientos sobre las condiciones de gobernabilidad y la presunta ventaja oficialista dominaron la mesa de debate. Israel López Calderón, representante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), sentenció que el tricolor acude a la mesa «a competir con la ley en la mano, pero también a vigilar. El priista demandó definir de forma estricta las competencias entre las autoridades electorales para impedir que el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) sea relegado a una oficina subordinada del INE. Asimismo, acusó a Morena de incurrir en presuntos actos anticipados de campaña: Llevan meses recorriendo el país y promoviendo nombres, motivo por el cual la dirigencia nacional ya interpuso denuncias formales ante el Consejo General». Por su parte, el representante de Acción Nacional (PAN), Carlos Francisco Mendoza, alertó que la labor electoral va más allá de la logística técnica, enfocando su mensaje en la vulnerabilidad de las candidaturas y los electores en zonas asediadas por células delictivas. “No solo se trata de organizar una elección, sino de asegurar la participación en libertad de las y los ciudadanos. No podemos normalizar que quienes aspiran a un cargo público enfrenten amenazas, agresiones y que haya regiones en las que la violencia pretenda sustituir a las instituciones, y mucho menos que pretendan definir candidaturas”, fustigó el representante panista. En este mismo sentido coincidieron diversas fuerzas de oposición y partidos de reciente creación, quienes demandaron al INE asumir un rol activo y coordinado con los órdenes de seguridad para evitar que comunidades y municipios enteros queden coaccionados o marginados del ejercicio democrático por el control territorial de la delincuencia. Finalmente, la representación del partido Morena manifestó que vigilará el apego estricto a las normas, garantizando que sus señalamientos se canalicen por las vías jurisdiccionales e institucionales, con el compromiso prioritario de salvaguardar los derechos político-electorales de la ciudadanía en todo el territorio estatal.
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