Jorge Manzo/La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. El Sistema Estatal Anticorrupción presentará ante la Secretaría de la Contraloría "sendas denuncias" por desvío de recursos en el sector salud, anuncia la convocatoria oficial, sin embargo, en realidad lo único que hará será dar vista al órgano de control de los señalamientos que ha hecho la Auditoría Superior de la Federación. Encabezará Rafael Villaseñor Villaseñor, a quien se le vence el plazo como titular en dos días. Si bien desde que inició la administración de Silvano Aureoles, se denunció que anteriores gestiones desviaron recursos federales etiquetados para el sector salud a "temas aún no especificados", sobre todo a la llamada "licuadora financiera" aplicada por exgobernadores, el Sistema Anticorrupción lo único que hará será solicitar que la Contraloría investigue lo conducente. No se presentarán pruebas y sólo es por posibles desvíos. En la última sesión del sistema, instancia de coordinación entre las distintas dependencias encargadas de la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, misión que tienen en todo el país, acordaron "salir a dejar el mensaje de que como ya lo ha indicado el propio gobernador y AMLO han usado el recurso del seguro popular para desvíos". Lo que buscarán, según Villaseñor Villaseñor, es darles las herramientas o información a la Secretaría de la Contraloría "por si está en sus facultades o lo remita a quien corresponda para que no quede impune los desvíos ya por muchos mencionados que han existido". Sin embargo, en los hechos, el Sistema Anticorrupción no tiene documentos que aporten pistas para que se desmenuce el boquete financiero en el sector salud. El gobernador Silvano Aureoles Conejo ha anunciado que ante las complejas condiciones financieras y los presuntos malos manejos de autoridades estatales pasadas, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Procuraduría General de la República (PGR), revisan los expedientes que conforman las observaciones realizadas por parte del gobierno del estado. La medida se anuncia después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el Seguro Popular será sustituido por un sistema de salud pública que garantice atención médica de calidad y medicamentos gratuitos. Ha dicho que está consiente de que hay muchos medicamentos caros, pero que “alcanzará porque no va a haber corrupción”. El programa comenzó en el gobierno de Vicente Fox Quesada. Se ha advertido que este esquema de salud iniciado en 2006 fue con fines electorales y mantenido durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, registra quebrantos financieros por el orden de los 8 mil millones de pesos. Entre los estados señalados destaca Michoacán, según el órgano técnico del Congreso de la Unión. El expresidente Fox ha salido a defender el esquema que él creó, y acusó que se trata de una terquedad. Y es que durante la revisión del estatus de la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), con la posibilidad latente de que ésta sea devuelta a la federación del mismo modo que el ámbito educativo, se ha puesto de manifiesto la necesidad de revisar cada uno de los recursos erogados en la dependencia estatal. Se denunció que en las gestiones anteriores, el recurso asignado para salud fue desviado en nóminas. Pero las denuncias por desvíos de recursos no son nuevas. El entonces presidente Felipe Calderón acusó al gobierno perredista de Leonel Godoy de dejar un "tiradero" financiero en la entidad. En aquél momento, denunció el desorden en las finanzas públicas al gobernador Fausto Vallejo Figueroa. En esa ocasión, el michoacano hizo referencia a supuestas irregularidades en esta entidad con el manejo de recursos públicos federales asignados al sector salud. “Hay unas observaciones de la Auditoría Superior de la Federación por cierto, porque están pendientes de justificar algunos miles de millones que siendo para el Seguro Popular, todavía no están justificados para el servicio de salud”, señaló Calderón. En tanto, desde la gestión del exsecretario de salud de Michoacán, Carlos Aranza Doniz, se denunció que más de 10 mil millones de pesos se fueron a la “licuadora financiera”, debido al observado desvío de recursos dirigidos a la salud, por lo que desde entonces había sugerido un programa de reingeniería y revisión por parte de la auditoria de la federación. Otro de los rubros que ha afectado significativamente al sector salud, es que menos de la mitad de los empleados cuentan con un contrato base y prestaciones, lo cual significa que casi 200 mil personas laboran con contrato temporal en todo México. El gobierno de estado arrastra un importante déficit presupuestal que se conforma, principalmente de pago de nómina de compromisos no presupuestados. En total, se trata de adeudos superiores a los 7 mil millones de pesos, los cuales, siguen creciendo año con año.
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