Redacción / La Voz de Michoacán Morelia. La administración de Silvano Aureoles Cornejo presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que el estado se libera de la obligación de impartir educación básica, así como de las reglas de distribución de recursos federales para pagar a los maestros. La SCJN admitió la controversia para que se determine quién debe pagar los salarios de alrededor de los 30 mil maestros con la etiqueta estatal en el estado. El Gobierno del estado solicitó anular el artículo 13, fracción 1, de la Ley General de Educación, la cual obligaba a las entidades a impartir la educación básica, incluyendo la indígena y también normal para la formación de maestros. Ante ese referendo, la Corte tiene un plazo de mayor 30 días para responder a los argumentos presentados por el gobernador de Michoacán. Cabe recordar que el pasado 26 de noviembre, Silvano informó que se determinó regresar los servicios de educación básica y normal al gobierno de la República. En esa ocasión argumentó que hay un déficit financiero para la entidad por pago de nómina y prestaciones de cuatro mil 200 millones de pesos en lo que va de la administración. El Gobierno Federal, a cargo de Andrés Manuel López Obrador, ha dicho en varias ocasiones que es responsabilidad del estado el pago a los maestros. Sin embargo, ha llamado al diálogo y ha mandado un delante de participaciones al estado de Michoacán. Esta crisis financiera y política, ha desembocado en manifestaciones, huelgas, plantones, bloqueos de vías y otras medidas por parte de la Coordinadora de Trabajadores de la Educación (CNTE), a quienes se les adeudan bonos y prestaciones. Un mes llevan las protestas; en los últimos días se han instalado mesas de negociación entre la CNTE, autoridades estatales y federales, sin que hasta el momento haya señales claras de una solución de raíz al conflicto. Controversia contra superdelegados La SCJN admitió también a trámite la controversia constitucional promovida por el gobernador de Michoacán, en contra de los superdelegados que el gobierno federal implementó para gestionar los programas federales a nivel estatal. De acuerdo con Reforma, el gobierno de Aureoles fue el único que acudió a la Corte para cuestionar estas reformas, por las cuales lo superdelegados son los representantes del Presidente en las entidades, con múltiples facultades para intervenir en la implementación de programas financiados con recursos federales. El pasado 3 de diciembre, Aureoles Conejo señaló que había sido convocado por funcionarios federales radicados en Michoacán para discutir temas de seguridad, lo cual rechazó y advirtió que no acudiría a los llamados. Junto con otros gobernadores lograron que López Obrador admitiera que los delegados federales no decidan en temas de seguridad pública locales. Estas figuras se encargarán de promover políticas sociales y dependen directamente de Andrés Manuel López Obrador.
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