Arturo Molina / La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. Comunidades indígenas de Michoacán se sumaron al grito de exigencia de justicia para las víctimas de la masacre en la comunidad de Tarecuato, en Tangamandapio. A 4 días del atentado que dejó 11 muertos, entre ellos 6 menores de edad, las comunidades se unieron para exigir alto a la impunidad. El Consejo Supremo Indígena de Michoacán emplazó al gobierno del estado a obtener resultados y desarticular a los grupos delincuenciales que atentaron en contra de los comuneros y trabajadores de corte de aguacates. La consigna es clara: en caso de no haber avances en las investigaciones y poner en la cárcel a los responsables, desencadenarán bloqueos carreteros. Destacaron que en la comunidad de San Lorenzo, municipio de Uruapan, también asesinaron a un menor de 11 años de edad, el cual se encontraba realizando actividades alusivas a la Noche de las Ánimas y el día 3 de noviembre su cuerpo fue encontrado con heridas de arma punzocortante. “A las autoridades correspondientes les exigimos de manera categórica verdad y justicia por estos indignantes asesinatos de pobladores inocentes de Tarecuato y San Lorenzo. Exigimos justicia expedita, pronta, completa e imparcial, emplazando al Estado mexicano a resolver rápidamente estas graves violaciones a los derechos humanos y colectivos de los pueblos indígenas; de lo contrario, estaremos realizando movilizaciones generales y tomas de carreteras en todo el estado”, explicó el organismo En cuanto al multihomicidio que dejó a 6 menores de edad muertos, el gobierno del estado y la propia Fiscalía han reconocido que las 11 víctimas eran inocentes, no tenían antecedentes penales y ninguno dio positivo en pruebas toxicológicas. “Al gobierno de Michoacán le demandamos que cumpla con su palabra y realice las acciones legislativas y/o administrativas necesarias para el reconocimiento de las rondas comunales, que son fuerzas de seguridad ancestrales e históricas de las comunidades originarias y constituyen una forma de autodeterminación y autogobierno indígena", precisó el Consejo. En paralelo, la comunidad de Arantepacua, en el municipio de Nahuatzen, también manifestó su postura en torno a los hechos violentos de los últimos días. A través de un comunicado, emplazaron al Estado de mexicano a dejar de invisivilizar la crisis de violencia a la cual se han sometido a los pueblos originarios. Arantepacua lanza un exhorto también a la Fiscalía General del Estado de Michoacán para qué agilicen las pesquisas en torno a estos hechos. “A los gobiernos del estado y federal les exigimos que diseñen de manera inmediata un plan de seguridad que sea capaz de parar la ola de violencia que azota a nuestras comunidades originarias. Que el Estado preste atención especial a estos focos de extremo peligro y que las comunidades originarias no sigan siendo invisibilizadas por el Estado mexicano”, emplazó la comunidad. Persiguen a multihomicidas de Morelia A poco más de 2 semanas del atentado que dejó 6 muertos en las inmediaciones de un conocido bar del sur de Morelia, la Fiscalía General de Michoacán emitió las fichas de búsqueda y la recompensa a quienes ayuden a dar con el paradero de los presuntos responsables. Entre los buscados se encuentran José Manuel Peñaloza Basurto (El Rojo), Magnun Alejandro Huerta Estrada (El Pato) y Diego Manuel Corona Zarate (El Loco). Las fotografías de los presuntos responsables por el multihomicidio fueron acompañadas del anuncio de las órdenes de aprehensión obsequiadas para atender uno de los casos se violencia que reveló la pugna entre grupos delincuenciales en Morelia. Te recomendamos: Ofrece FGE 300 mil pesos por El Rojo, El Pato y El Loco, por el atentado afuera de un bar en Morelia El monto de la recompensa que se ofrece por la información proporcionada para la localización, aprehensión o detención de cada uno de los investigados, es de 100 mil pesos. Cabe mencionar que la información que se aporte, el número confidencial de identificación y en su caso, los datos personales de quien la haya proporcionado, así como las actas que se levanten y toda la documentación e información que se genere, se clasificarán como información estrictamente reservada y confidencial, en términos de los artículos 106 y 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales y demás ordenamientos aplicables.
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