Arturo Molina / La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. Delincuencia organizada e intereses políticos se encuentran detrás del caso Arantepacua, insiste el gobierno estatal a fin de no volver a disculparse sobre la incursión armada a la comunidad. La muerte de 4 comuneros durante un operativo policial en abril del 2017 fue a causa de que la población se encuentra infiltrada por células delictivas que avivaron el conflicto entre comunidades, justificó el gobernador Silvano Aureoles Conejo a la opinión pública. La autoridad estatal ni siquiera ha comenzado una investigación a raíz de los hechos y el Ejecutivo estatal prácticamente actúa como juez y parte para calificar esta tragedia. Al ser cuestionado por medios locales de comunicación sobre la resolución de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como el llamado a la disculpa pública y la reparación del daño por parte de la administración pública estatal, el mandatario michoacano dejó en claro que, si bien hay intenciones de trabajar en recuperar la paz en la comunidad, no habrá reconocimiento de acusaciones que pese a la evidencia que existe y está documentada, para Silvano Aureoles no está “sustentada”. Fue durante el encuentro de inicio de semana con la prensa local que el gobernador del estado incluso ahora argumentó el uso político que supuestamente se le está dando a las recomendaciones de la CNDH respecto a uno de los episodios más cruentos en la historia reciente de las comunidades indígenas de Michoacán. “Es un documento muy largo. Es bastante amplia la narrativa, algunas cosas que no hay los elementos suficientes ni las investigaciones, ni los procesos para poder decir esas cosas. Esta idea de que debe haber una disculpa debe está sustentada porque si no es aceptar tácitamente que el responsable de todo fue la corporación cuando está demostrado que la comunidad hay refugios de grupos delincuenciales y que estarían atrás de la provocación y no es tan sencillo”, manifestó el mandatario michoacano. En su versión no detalló porque si está demostrado que hay estos refugios la autoridad no ha vuelto actuar sobre el tema ni presentado caso alguno sobre esta presunta problemática que dibuja. PIDEN TOME CARTAS EN EL ASUNTO No obstante, la realidad es otra. La recomendación 42 VG/2020 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que se dio a conocer el pasado 23 de diciembre del 2020, acreditó violaciones graves a los derechos humanos consistentes en el derecho a la vida, a la integridad personal, al derecho de reunión, a la libertad de expresión, al interés superior de la niñez y a una vida libre de violencia, por las corporaciones policiales. Por su parte, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), observó la grave deficiencia en la actuación de los cuerpos de seguridad en Michoacán, por lo que consideró necesario fortalecerla capacitación de los servidores públicos de esa área para prevenir violaciones graves, como ocurrió en esa comunidad. Desde entonces, la comunidad de Arantepacua no ha descansado en torno a exigir justicia al gobierno del estado de Michoacán, a quienes acusan desde entonces de haber provocado la pérdida de vidas humanas. Cada año, la comunidad se manifiesta en la capital michoacana en dónde incluso han tenido enfrentamientos con las corporaciones policiales. Más allá de que evidentemente la Meseta Purépecha es un polvorín, la documentación periodística y el exhorto de los órganos autónomos le dan la razón a la población indígena, que sigue sin encontrar un gesto empático desde el Ejecutivo estatal.
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