Procuraduría Agraria busca ‘derrocar’ a representantes comunales de Huiramangaro

El jefe de la Procuraduría Agraria con residencia en Pátzcuaro, Gerardo Ochoa, pretende forzar el relevo y deponer a la representación comunal de Santa María Huiramangaro en contubernio con el jefe de tenencia mediante una asamblea ilegal

Javier Favela / La Voz de Michoacán

Morelia, MichoacánLa Procuraduría Agraria intenta derrocar a las autoridades comunales de Huiramangaro a través de una asamblea apócrifa convocada mediante una minuta ilegal, denunciaron Rafael Ruíz y Efraín Mora, los representantes de bienes comunales.

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El jefe de la Procuraduría Agraria con residencia en Pátzcuaro, Gerardo Ochoa, pretende forzar el relevo y deponer a la representación comunal de Santa María Huiramangaro en contubernio con el jefe de tenencia mediante una asamblea ilegal a celebrarse este 27 de octubre, evidenciaron los afectados.

Conjeturaron que los coyotes de la Procuraduría Agraria quieren forzar el relevo de la autoridad comunal para después adornarse con el triunfo judicial que acaba de obtener Huiramangaro en su conflicto ancestral con Tingambato por límites territoriales.

Afirmaron que el funcionario agrario está fabricando un conflicto innecesario en dicha comunidad indígena del municipio de Pátzcuaro, atropellando su organización interna, antes de la entrega formal de la carpeta básica, en el marco de la ejecución de una sentencia del Tribunal Unitario Agrario, distrito 17 de Morelia, “lo que acontecerá dentro de pocos meses”, dentro del juicio ya concluido para el reconocimiento y titulación de bienes comunales.

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Desde 1968 Huiramangaro entabló litigio contra Tingambato y obtuvo la sentencia correspondiente en 1997. Han sido más de 20 años en tramitar y consolidar la denominada carpeta básica.

Durante 4 décadas las instituciones oficiales del sector agrario jamás ayudaron a Huiramangaro, con excepción del Tribunal Agrario y del entonces magistrado Agustín Hernández González. Ni Procuraduría Agraria ni el Instituto de Pueblos Indígenas ni el Registro Agrario Nacional. Los funcionarios respectivos suelen pedir pago por sus actuaciones o asesorar a las partes contrarias para despojarlos de sus bosques, aguas, territorios y recursos naturales.

El jefe de tenencia José Carlos León se apoderó de un camión volteo que pertenece a la comunidad y condiciona su devolución a que se haga el relevo de la autoridad comunal de Huiramangaro. En contubernio con la Procuraduría Agraria, hay minutas a modo, con procedimientos sumarísimos, actuaciones y documentos fuera de las formalidades de la Ley Agraria, con convocatoria “totalmente arbitraria y nula”. Los afectados piden la intervención inmediata y urgente de la Secretaría de Gobernación, de la comisionada para el diálogo con pueblos indígenas, Josefina Bravo Rangel.