Redacción / La Voz de Michoacán Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán, acusó actos de corrupción en siete cuarteles de la Policía Michoacán, en los que se simularon contratos de arrendamiento. Los inmuebles involucrados son los de Apatzingán, Lázaro Cárdenas, Coalcomán, Jiquilpan, Zitácuaro, Uruapan y Huetamo, que fueron cedidos bajo el esquema de arrendamiento financiero a una empresa denomiinada Imobiliaria DyF SA de CV. Ramírez Bedolla detalló, por ejemplo, que en el caso de Apatzingán, en 2016 de firmó el convenio, sin embargo, la empresa aquirió el terreno hasta 2019, por lo que el gobierno le pagó proyectos ejecutivos de arrendamiento a una empresa que no era propietaria del terreno. Entonces, dijo el mandatario estatal, la administración anterior rentó propiedad inexistente. Simularon contratos de arrendamiento que realmente eran contratos de obra pública para evadir la ley de adquisiciones, para evadir las licitaciones, para evadir toda la reglamentación, toda la ley en materia de adquisiciones y obra pública”. Destacó el caso de Uruapan es sin precedentes, “de esos casos del ABC de la corrupción”, ya que el contrato se firma en diciembre de 2017, pero la propiedad se adquiere hasta 2018, sin embargo se inaugura, “que no entrega” al gobierno formal, en junio de 2019. El titular del Ejecutivo estatal agregó que el terreno de Uruapan de lo donó el Ayuntamiento al gobierno del estado, “y luego resulta que el gobierno del estado lo compra a la Inmobiliaria DyF, compra su propio terreno el gobierno del estado”. Ramírez Bedolla manifestó que todavía después de que los rentaron a “precios estratosféricos”, se firma el contrato de compraventa ante notario público el día 28 de septiembre de 2021, por un monto de mil 552 millones de pesos. Sobre lo que pagó la Secretaría Pública por proyecto ejecutivo, arrendamiento, mantenimiento y adquisición de los siete cuarteles, la cantidad asciende a más de 5 mil millones de pesos.
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