Tortura, flagelo que no se va de Michoacán: CEDH acumula decenas de quejas en los últimos años

En los últimos tres años y medio, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos ha recibido 161 denuncias por tortura y emitido 13 recomendaciones contra autoridades en la entidad.

Foto: Especial.

Héctor Jiménez / La Voz de Michoacán

Morelia, Michoacán. Aunque pudiera parecer que la tortura forma parte de un capítulo ya cerrado en la historia de México y Michoacán, existen pruebas de que esta práctica aún sigue vigente hasta nuestros días en el país y en el estado, pues información de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) apunta a que se han recibido decenas de quejas al respecto en los últimos años e incluso se emitieron al menos dos recomendaciones por esta causa en el recién concluido 2019.

En los últimos tres años y medio, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos ha recibido 161 denuncias por este hecho y emitido 13 recomendaciones contra autoridades en la entidad.

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Según información detallada por el organismo autónomo, se registraron un total de 43 quejas por presuntos actos de tortura en el año 2016, así como 36 en 2017, después se ascendió hasta 45 quejas en el año 2018, en tanto que se acumulaban 37 quejas por el mismo concepto hasta el corte de julio del año 2019 y las instancias mayormente señaladas fueron la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Fiscalía General del Estado (FGE), anteriormente denominada Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).

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Cuando la Comisión Estatal de los Derechos Humanos comienza las investigaciones sobre una presunta violación de los derechos humanos, les da la denominación de “queja” y, si con estas indagatorias se logra confirmar que efectivamente hubo una violación a los derechos humanos, se emite una “recomendación” a los titulares del organismo de gobierno cuyos funcionarios presuntamente cometieron la falta.

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“Tenemos algunas quejas por tortura y algunas recomendaciones, son alrededor de dos del 2019 y estas recomendaciones van dirigidas a la Fiscalía General del Estado. En el 2018, son dos recomendaciones, que las mismas van dirigidas a la que entonces era Procuraduría y a la Secretaría de Seguridad Pública. En el 2017, hubo una recomendación a Procuraduría. En el 2016, hubo ocho recomendaciones a Procuraduría”, detalló en entrevista exclusiva a La Voz de Michoacán, Ángel Botello Ortiz, coordinador de Orientación Legal, Quejas y Seguimiento de la CEDH.

Los anteriores datos reflejan que las recomendaciones por presuntos actos de tortura disminuyeron de ocho casos en el año 2016 a uno o dos casos en los siguientes años, pero la práctica no ha desaparecido completamente, pues todavía se emitieron al menos dos recomendaciones por esta causa antes de que confluyera el pasado año 2019.

“Estas dos (recomendaciones) ya son dirigidas a la Fiscalía General. Desde luego que estas ya son las resoluciones y hay 37 quejas que están pendientes de ser resueltas en su momento y que dependiendo de los elementos podemos emitir recomendación o podemos emitir algún archivo”, ahondó Botello Ortiz, en referencia a los datos con corte a julio del 2019.

Castigan para poder tener confesiones e información

De la revisión de algunas recomendaciones hechas públicas por la CEDH, destaca que numerosos ciudadanos que presentan quejas por presuntos actos de tortura, hacen referencia a hechos en los que supuestamente fueron sometidos a agresiones o ataques físicos, sin embargo, los estatutos oficiales señalan que la denominación de tortura únicamente se aplica cuando se ejecutan castigos físicos o psicológicos con el fin de obtener una declaración de una persona privada de su libertad.

“La tortura es todo acto que un funcionario público u otra persona a instigación suya o con su consentimiento, inflige a otra, penas o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, para obtener de ella o de un tercero, información o una confesión o para castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido. No se considera tortura las penas o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de la privación legítima de la libertad, o sean inherentes o incidentales a ésta”, se lee en la versión pública de una de las recomendaciones emitidas en el año pasado.