Arturo Molina / La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. Denuncian que ciudadanos son excluidos de los mecanismos de participación ciudadanos las protecciones de obra pública. A pesar de las obligaciones de transparencia en los procesos de contratación, la opacidad se mantiene en el primer orden del Ejecutivo. Los distribuidores viales son un ejemplo, con poca claridad de parte de la Federación. En este 2022, el Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción ha solicitado a las 113 demarcaciones información sobre los mecanismos de participación ciudadana en el rubro específico de la obra pública: el 80 por ciento no respondió o respondió de manera parcial, dio a conocer el organismo. En voz de Elizabeth Vázquez Bernal, titular del Comité de Participación Ciudadana, el tema es preocupante. Resulta “conveniente” para los gobiernos municipales la falta de interés y de participación ciudadana en los comités obra pública. Recordó que desde los procesos de licitación, contratación, proyección e incluso el impacto de la obra pública en el desarrollo de los municipios urge de la participación de los ciudadanos. “Casi el 80 por ciento de los municipios no nos dieron respuesta y de los que dieron respuesta solamente algunos respondieron sobre algunos comités de planeación, de los cuales solamente forman parte los regidores de los ayuntamientos. De las solicitudes de información que presentamos están vinculadas con la falta de mecanismos de participación, pero también la falta de construcción participativos. Los ayuntamientos tienen la responsabilidad de convocar a la ciudadanía a formar parte. Es el gran reto en Michoacán”, manifestó la también especialista. Desde hace al menos 100 años la obra pública es para los gobiernos el principal objetivo. Las inversiones millonarias son vistas como legado político de los gobernantes municipales, estatales y federales por lo que se priorizan por encima de otras necesidades sociales. En la postura Elizabeth Vázquez, actualmente las inversiones de infraestructura civil y megaproyectos de la capital michoacana no necesariamente representan las necesidades de los morelianos, por lo que urgió a que los ciudadanos se acerquen a conocer sus derechos a participar en la toma de decisiones. Silencio en distribuidores viales Persiste la cerrazón en torno a los expedientes, contratos e información referente a los distribuidores viales de la capital michoacana. Desde hace más de 5 meses, el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción solicitó la información sobre la ejecución de ambas estructuras; la respuesta del gobierno federal ha sido de total silencio. En voz de Elizabeth Vázquez Bernal, titular del CPC, el plazo para responder a tal solicitud era de 15 días, por lo que señaló preocupación por el silencio en torno a la polémica obra pública. “Nosotros presentamos solicitudes de información para pedir la documentación. Estamos todavía esperando la respuesta y además tenemos que dar seguimiento al recurso de revisión. La pedimos en junio, y son 15 días hábiles. Ya venció, la presentamos ante la federación porque la mayor parte es federal”, manifestó. La preocupación gira en torno a los retrasos de las obras que prometían estar terminadas para marzo de este 2022 y que a dos meses de que concluya el año, no se tiene ni siquiera fecha para que puedan ser puestas en funcionamiento. Autoridades estatales han reconocido sobrecostos para concluir megaproyectos de infraestructura rezagados en la capital Michoacana. Ante la descapitalización de las empresas constructoras, pagos adelantados e incremento de los costos de construcción, se prevé que el gobierno de Michoacán tenga que incrementar la apuesta económica. En 2020 se establecieron los techos presupuestales de poco más de 450 millones de pesos para cada uno de los distribuidores viales de la ciudad de Morelia. A su llegada al gobierno del estado la postura de Ramírez Bedolla se sostuvo en que no se permitiría incrementar el coste de la infraestructura urbana ya contratada y pagada. En el caso de salida Salamanca se destacó la necesidad de adicionar un nuevo paso a desnivel extraordinario al proyecto ejecutivo original que tendría un coste más de 100 millones de pesos, el cual aún se mantiene en proceso de desarrollo ejecutivo y se espera que en próximos meses una vez que se retomé la obra también se pueda concretar. En este caso, y de manera extraoficial, fuentes cercanas precisaron que la empresa prefirió las consecuencias legales por la recisión de contrato y volúmenes no entregados que tener que cubrir los volúmenes faltantes de la obra a precios de este año, lo cual representaría pérdidas de cientos de millones de pesos. Desde septiembre de 2022, todas las empresas constructoras involucradas en ambos proyectos constructivos de Morelia se encuentran bajo proceso de observación ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por las irregularidades encontradas durante el último año.
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