Denuncia sí procede, y se investigarán presuntas irregularidades en Presa Francisco J. Múgica

La denuncia presentada por el Comité de Participación Ciudadana había sido desestimada por la Fiscalía estatal, pero el Poder Judicial determinó lo contrario

Foto: La Voz de Michoacán.

Jorge Manzo/La Voz de Michoacán

Morelia, Michoacán. El Ministerio Público continuará con la investigación relacionada con la Presa Francisco J. Múgica y la empresa brasileña Odebrecht, una vez que el juez de control determinó hoy reconocer la legitimidad jurídica del Comité de Participación Ciudadana para presentar denuncias por hechos o actos de corrupción. “Esta resolución generará precedente importante a nivel nacional”, celebró la presidenta Elvia Higuera Pérez.

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Después del revés que notificó la Fiscalía General del Estado al Sistema Anticorrupción en noviembre del 2019, en donde se advertía que el Comité de Participación Ciudadana no era la víctima directa en esta denuncia, por lo que argumentaban que quien debía presentar los recursos legales era el gobierno de Michoacán, el Poder Judicial ha solicitado que la instancia especializada continúe con las investigaciones.

El órgano presentó la denuncia contra el exfuncionario que entre los años 2007 y 2013 estuvo encargado de la construcción de la Presa Francisco J. Múgica y quien de acuerdo a las investigaciones realizadas por la policía especializada en investigación de delitos como la corrupción de Andorra, había recibido depósitos bancarios por la cantidad de 430 mil dólares en diversas cuentas relacionadas a él entre los años 2008, 2010 y 2011.

“Existían dos depósitos más por la cantidad de 330 mil dólares cada uno, sin que hasta momento se tenga datos precisos de a quiénes fueron realizados estos depósitos y que obran en esta misma investigación de la policía de Andorra, por lo que en base a estos datos el Comité de Participación Ciudadana decide presentar denuncia en contra del exfuncionario, sin embargo, en mayo fue desechada por la Fiscalía”, afirmó Higuera Pérez.

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En esa ocasión se notificó el acuerdo de no ejercicio de la acción penal argumentando que el Comité de Participación Ciudadana no tenía legitimidad ni personalidad jurídica para haber interpuesto la denuncia, pues considera que el afectado es el Gobierno del Estado como víctima directa, y además manifiesta que el delito ya había prescrito.

Ante esta situación el Comité de Participación Ciudadana interpuso recurso de inconformidad por la resolución emitida por la fiscalía del estado y logrando, en la audiencia desarrollada la juez de control ordenara al Ministerio Público continuar con la investigación, recabando todos los datos de prueba necesarios y realizando todas las diligencias oportunas para esclarecer los hechos, reconociendo además la legitimidad jurídica del Comité de Participación Ciudadana.