Arturo Molina / La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. La destrucción del Monumento a los Constructores en la ciudad de Morelia detonó en un conflicto entre comunidades indígenas y el gobierno de la entidad y el de la capital del estado. Tras los destrozos de que fue objeto la efigie de fray Antonio de San Miguel, el incendio de los restos y la detención de al menos 24 personas, aún se esperan las consecuencias con instancias internacionales por el impacto al patrimonio de la humanidad. Ante la reacción de las autoridades municipales y estatales por la denuncia de daño a las cosas interpuesta por el gobierno municipal y la posterior detención de los inconformes, poblaciones integradas por el Consejo Supremo Indígena de Michoacán iniciaron la toma de carreteras en distintos puntos de la entidad para exigir la liberación de sus compañeros. Por otra parte, ante la participación de estudiantes normalistas en la destrucción del monumento catalogado como Patrimonio Histórico de la Humanidad, más estudiantes se unieron a las protestas ante Palacio Municipal para exigir la liberación de sus compañeros. Fue en punto del mediodía cuando se registró la presencia de al menos 100 personas en la avenida Acueducto, en las inmediaciones del que es considerado como el inicio del monumental Acueducto de Morelia. Armados con cuerdas y martillos, los comuneros se abalanzaron contra las estatuas del “arquitecto” y la de fray Antonio de San Miguel. Tras derribar ambos monumentos de casi 2.5 metros de altura, ambas estatuas fueron decapitadas y desechadas a un costado de la avenida Acueducto, en donde permanecieron a la vista de los transeúntes y automovilistas. Foto: Cortesía En completo silencio, la postura del Consejo Supremo Indígena de Michoacán por el atentado contra el Monumento a los Constructores se redujo a un comunicado impreso y repartido a los presentes. “Ante la indolencia, racismo, discriminación y la falta de atención por parte del Ayuntamiento de Morelia, quien se ha negado sistemáticamente a entablar el diálogo con las comunidades indígenas, decidimos colectivamente, en una asamblea general de autoridades, retirar por nuestra propia cuenta la denominada escultura por ser un símbolo de subordinación, representación de la esclavitud y un emblema de genocidio. Finalmente, nos declaramos en estado de alerta máxima y convocamos a las comunidades originarias a que en el caso de la detención de nuestros compañeros tomemos carreteras de todo el estado”. La Voz de Michoacán documentó el hecho en el cual trascendió que las dos cabezas cercenadas de las esculturas de bronce desaparecieron junto con los manifestantes tras el acto de incendiar el resto del monumento. Luego de minutos de tensión, y ante la ausencia de elementos policiales, uno de los manifestantes se acercó a las cámaras de La Voz de Michoacán para emplazar: “Eso le va a pasar a todas las construcciones españolas. Les vamos a dar en la madre por los siglos de opresión de nuestra raza”. Ante el accionar de los pueblos originarios, el Ayuntamiento de Morelia condenó lo que consideró como una agresión contra el Patrimonio Histórico de la Humanidad calificado y aprobado ante la UNESCO desde hace más de 2 décadas. La postura del Ayuntamiento capitalino insistió: “El futuro de esta obra colocada hace casi 3 décadas se encontraba en el terreno del consenso en virtud de que, así como existen voces en contra, hay morelianos que están a favor de su continuidad y se encuentran consternados por su destrucción. Los monumentos no son propiedad de unos cuantos, sino de toda la sociedad que en su conjunto tiene diversas motivaciones y formas de pensar”. Entre los antecedentes señalados por las comunidades originarias para la destrucción del monumento destacan el que se retiró el 12 de octubre de 1992, la estatua de Diego de Mazariegos, en San Cristóbal de las Casas, y el monumento de quien en vida fue el primer virrey de la Nueva España, Antonio de Mendoza. La exigencia del retiro de este monumento no es nueva. A inicios de este 2020, grupos de activistas se manifestaron y realizaron pintas en donde denunciaron el genocidio hacia los pueblos originarios durante los 300 años de conquista. En pleno 2021, tras el proceso electoral, se llevó a cabo una consulta ciudadana en Morelia, cuyos resultados no fueron compartidos a la opinión pública. Impacto al patrimonio El especialista en monumentos y activista, Jorge Téllez Girón, advirtió sobre las consecuencias internacionales que traería consigo la destrucción de uno de los puntos más importantes de la Zona de Monumentos ante la UNESCO. “Este derribamiento está yendo contra un tratado internacional que es la convención que protege el patrimonio cultural de las ciudades que son catalogadas a nivel internacional, entonces sí están afectando la zona y esto va a entrar en una controversia y podría entrar la UNESCO, la ONU, y hablamos en temas de objetivos de desarrollo sostenible y tendrán una repercusión internacional, y será muy molesto que por este acto pudiéramos tener en riesgo el nombramiento de la UNESCO”, explicó el especialista. Las figuras relacionadas con el acueducto de Valladolid Para la segunda mitad del siglo XVIII, la entonces Intendencia de Valladolid de Michoacán atravesó por una de las crisis económicas que historiadores como Enrique Florescano y Carlos Juárez Nieto han calificado como las más complejas en términos económicos. La sequía y la falta de agua al interior de la creciente población trajeron consigo la necesidad de reemplazar los sistemas rudimentarios que acercaban el agua a la población del núcleo urbano. Para 1785, el obispo fray Antonio de San Miguel Iglesias tomó en sus manos la construcción del acueducto. Compró de la Hacienda del Rincón los terrenos donde nacían los manantiales de Carindapaz, El Moral, San Miguel y otros. Se empleó mano de obra indígena principalmente, por ser de este origen un grupo numeroso de personas en necesidad que por la sequía habían migrado a la ciudad. Entre los años de 1785 y 1789 se llevó a cabo la obra, que tesis de historiadores aseguran salvó de la sed y el hambre a Valladolid en la crisis del siglo XVIII. Fue el día 21 de octubre de 1785 cuando se autorizó en Cabildo la obra de reconstrucción del acueducto de la ciudad, en la que se levantaron de nueva cuenta al menos 53 arcos y se hizo un nuevo cauce para el agua, además de agregar 4 cajas de agua, de las cuales subsisten 2 hasta nuestros días.
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