Violencia extrema a mujeres permanece “oculta”: no hay denuncias por estos casos en Michoacán

La desconfianza en instituciones y la impunidad son las principales razones por las que actos como ataques con ácido se mantiene en la invisibilidad.

Foto: @CarmenAnchez

Arturo Molina / La Voz de Michoacán

Morelia, Michoacán. A pesar del impacto, los ataques con ácido y gasolina en contra de mujeres michoacanos siguen sin ser denunciados. La desconfianza en las instituciones y la impunidad mantiene en la invisibilidad al fenómeno de violencia extrema en agravio de decenas de mujeres desde hace años.  

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En voz de Tamara Sosa Alanís, titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas (SEIMUJER), si bien se tiene detectado el fenómeno de agresiones hacia las mujeres, las denuncias son prácticamente inexistentes. 

Además del impacto directo a la salud de las víctimas, el impacto económico, social, psicológico y de todo tipo persiguen a las víctimas de por vida. Por lo anterior, las autoridades estatales advirtieron, la invisibilidad del fenómeno sigue siendo uno de los principales factores de riesgo y de impunidad. 

“En la secretaría no hemos atendido casos. Sabemos que existen, pero no han tenido el acercamiento y no tenemos el dato. Muchas de las veces, y eso nos gustaría que mejorara es que no hay confianza a las instituciones. Son muchos años de no dar respuesta y que la gente se acostumbró a no tener respuesta. Es algo que tenemos que luchar todos los días”; explicó la funcionaria estatal. 

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Tanto en Michoacán como a nivel nacional los ataques con sustancias corrosivas son delitos sin agravante de género. Prácticamente en 25 de los 32 Estados de México el delito sigue sin requerir prisión preventiva para los agresores a pesar del alto impacto que genera. Especialistas han advertido que dicha característica legal y la falta de procedimientos con perspectiva de género para juzgar esta violencia abonan la impunidad.

Solo en lo que va del 2022, a nivel nacional ya se detectaron un total de 47 ataques con ácido en contra de mujeres. Casos como el de Luz Raquel Padilla y una pequeña de 11 años agredida en un albergue de Jalisco el testimonio de Liliana Torres, en Nuevo León, o el de María Elena Ríos, en Oaxaca, son solo algunos de los casos que han alcanzado los escaparates mediáticos a nivel nacional. 

Las penas siguen siendo menores por ataques con sustancias corrosivas; el Código Penal Federal, en el apartado de delitos contra la Vida y la Integridad correspondiente a lesiones, reza; “se impondrán de cinco a ocho años de prisión al que infiera una lesión de la que resulte una enfermedad segura o probablemente incurable, la inutilización completa o la pérdida de un ojo, de un brazo, de una mano, de una pierna o de un pie, o de cualquier otro órgano; cuando quede perjudicada para siempre, cualquiera función orgánica o cuando el ofendido quede sordo”. 

En el caso de Michoacán, Sosa Alanis aseguró que actualmente ya se trabaja en una iniciativa para enviar a los diputados locales para que tipificar los ataques con sustancias corrosivas contra mujeres en el delito de intento de feminicidio, así como integrar una reparación integral del daño para las víctimas directas e indirectas de los atentados. 

En casos como el de María Elena Ríos, saxofonista agredida en el estado de Oaxaca, se destacó que el caso de impunidad será expuesto directamente en el estado de Michoacán para concientizar sobre la importancia a de denunciar a los agresores. 

VIOLENCIA EXTREMA CONTRA LA MUJER, AL ALZA 

Con un total 8 mujeres asesinadas en condiciones de crueldad extrema durante la primera mitad de este año, Michoacán se ubicó en el tercer lugar nacional en ranking elaborado por la organización Causa en Común. La información obtenida a través de informes forenses de fiscalías y notas periodísticas advirtieron sobre la tendencia que ha envuelto a la mayor parte del territorio con 122 asesinatos con violencia extrema en agravio de la mujer.

La organización civil definió como “atrocidad” el uso intencional de la fuerza física para causar muerte, laceración o maltrato extremo; para causar la muerte de un alto número de personas; para causar la muerte de personas vulnerables o de interés político, y/o para provocar terror.

Las cifras anteriores contrastan con la tendencia estatal y nacional de incremento en la tasa de homicidio doloso en agravio de la mujer. Colectivos de mujeres denunciaron que hasta este mes de noviembre ya superan las 250 mujeres asesinadas en el estado y una alta tasa de impunidad en los hechos de violencia.