AP / La Voz de MichoacánVirginia, EUA. En el rascacielos donde se manejan los tribunales del servicio de inmigración la consigna es encontrar la forma de hacer más eficiente un sistema que está desbordado. La Executive Office for Immigration Review, que llegó a tener un millón de casos de deportación pendientes, cuya tramitación podía tomar años, está comprando propiedades para disponer de más tribunales, cuenta ahora con un sistema para agilizar los procesos por la internet, está acelerando la capacitación de personal y contratando más jueces. La cantidad de casos que trata mensualmente se más que duplicó en octubre del año pasado, en que hubo 35.776. En octubre del 2017 hubo 15.045. “Trabajamos en las cosas que podemos controlar y tratamos de mantener la inercia”, expresó James McHenry, director de la Executive Office for Immigration Review (EOIR). La EOIR es el brazo del Departamento de Justicia que supervisa los procesos de deportación y decide si una persona puede permanecer en Estados Unidos o es enviada de vuelta a su país. A diferencia de los tribunales comunes, los jueces y los empleados de los tribunales de inmigración responden al secretario de justicia William Barr. El presidente Donald Trump se ha quejado del sistema de inmigración y sostiene que las personas que le escapan a la violencia y la pobreza y piden asilo están aprovechándose de él. El atraso en la tramitación de los casos viene de hace tiempo. Pero la decisión de reforzar el control de la frontera con México y un aumento en la llegada de familias centroamericanas que piden asilo han agravado el problema. La Associated Press visitó recientemente tribunales de inmigración en 11 ciudades y observó cientos de vistas que ilustran el caos reinante por la cantidad de casos y por las cambiantes políticas del gobierno.
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