EFE / La Voz de Michoacán Santiago de Chile. El Relator Especial sobre sustancias tóxicas y derechos humanos de la ONU, Marcos A. Orellana, aseguró este miércoles a Efe que la reactivación del Acuerdo de Escazú supone un momento de optimismo y esperanza, pero advirtió que queda aún una labor ardua en la lucha contra la regresión que amenaza el futuro del planeta. En una entrevista concedida a Efe antes del inicio de la primera Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú, que se celebra hasta el viernes en la sede de la Cepal, en Santiago de Chile, Orellana subrayó que “la degradación ambiental tiene una dimensión de injusticia innegable porque la contaminación afecta de manera desproporcionada a las personas que no tienen los recursos para hacerle frente”. “Estamos en un momento muy importante del desarrollo progresivo del derecho internacional en América Latina y el Caribe. Es un momento de optimismo, de esperanza, porque durante muchos años la sociedad civil y los gobiernos, trabajando de la mano, han llevado a cabo un proceso de negociación abierto que ha generado un resultado en un acuerdo robusto", afirmó. Un acuerdo que, en su opinión, “contiene disposiciones importante para la implementación de la promesa del desarrollo sostenible como un proceso de diálogo inclusivo que permita la protección del medioambiente y prácticas empresariales responsables”. Y que, además de defender a aquellos que tratan de proteger el medioambiente, genera mecanismos que permiten luchar contra la desinformación, una de las lacras del combate contra la crisis climática. “Resulta sumamente alarmante conocer las cifras de personas defensoras del ambiente que son asesinadas en Colombia, en Brasil y en otros países del continente. En esa situación, el Acuerdo de Escazú en derechos ambientales es el primer acuerdo internacional que contiene disposiciones expresas para la protección de personas que defienden el derecho a vivir en un medioambiente limpio, saludable y sostenible”, señaló. A este respecto, insistió en que se debe entender la degradación del medioambiente como un factor más de injusticia y desigualdad y puso como ejemplo las pequeñas islas que podrían llegar a desaparecer por el calentamiento global, primeras grandes víctimas de una crisis a la que apenas han contribuido. “Ahí hay una dimensión de justicia ambiental que es innegable, y esa dimensión de justicia social o de injusticia social se traduce también en otros ámbitos, como por ejemplo en la exposición de tóxicos, en la exposición de contaminantes, personas condenadas a vivir en zonas de sacrificio”, señaló. CHILE COMO EJEMPLO Orellana puso como ejemplo de esta nueva vocación a Chile, un país que primero impulsó el Acuerdo de Escazú pero que en el momento de la firma definitiva se retiró, generando un mal ejemplo para otros estados. “Las razones que arguyó Chile para justificar esa decisión no tienen asidero y lamentablemente han generado campañas de desinformación que han sido tremendamente dañinas para el debate público en varios otros países del continente como es Perú, Paraguay o Colombia, donde el Acuerdo de Escazú ha quedado entrampado en un debate público desinformado a raíz de los argumentos sin base que en su momento presentó Chile”, explicó. Prueba de esa desinformación y mentiras vertidas por la industria en torno al acuerdo es, a su parecer, la reciente decisión de México de nacionalizar el litio. “Eso da cuenta de que los países retienen su soberanía permanente sobre sus recursos naturales para definir cuál es la mejor manera de llevar adelante políticas públicas en la sostenibilidad teniendo en cuenta los derechos de acceso a la información, participación y justicia, que son los pilares angulares del acuerdo de Escazú”, remató. A este respecto, Orellana aplaudió el giro de 180 grados dados por el nuevo Gobierno de Chile, que trata de acabar con los vicios de un pasado marcado por la exclusión que imponía una constitución de carácter neoliberal. Y busca adoptar una nueva Carta Magna que le permita afrontar sus “tremendos desafíos en torno a la distribución equitativa de los beneficios ambientales” desde una perspectiva ecológica, inclusiva y social, que devuelva la dignidad a aquellos que han sido obligados a vivir en zonas marginales de contaminación. “Esos desafíos están siendo enfrentados por una convención constituyente que me parece ofrece gran esperanza para abordar esos temas”, apostilló.
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