Washington . La cláusula de la Constitución de Estados Unidos que estipula las condiciones para destituir a un presidente es tan breve que cabría en un tuit, pero tan opaca que los jerarcas del gobierno siguen debatiendo su significado más de dos siglos después. La frase tiene apenas 199 palabras y curiosamente, recuerda la afinidad del presidente Donald Trump de colocar mayúsculas azarosamente. El Presidente, Vicepresidente y todos los Oficiales civiles de los Estados Unidos, serán destituidos de sus Cargos si son Enjuiciados y Convictos de Traición, Soborno y otros Delitos Menores o de Suma Gravedad”, dice la cláusula. En estos momentos, cuando tiene lugar apenas el cuarto proceso de juicio político en la historia de Estados Unidos, la interpretación de esas palabras definirá la suerte de la presidencia de Trump. Los juicios políticos por lo general giran en torno al abuso del poder, una estimación sobre la cual, por lo menos hasta ahora, los legisladores estadounidenses discrepan prácticamente según líneas partidistas. El miércoles, la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Representantes comenzó la audiencia que probablemente producirán las bases para un juicio político, el equivalente a una acusación formal ante un tribunal, y remitirá el caso al Senado. El martes, la Comisión de Inteligencia de la cámara baja emitió un reporte acusando a Trump de uso indebido de su poder, de obstruir las funciones del Congreso y de colocar “sus intereses políticos personales por encima del interés nacional”, términos que evocan el lenguaje usado contra Richard Nixon, el único presidente que ha perdido su cargo bajo amenaza de juicio político. A mediados de noviembre, los demócratas agudizaron la confrontación con el mandatario al acusarlo de un delito específico, el de soborno, logrando vincular su conducta con un estándar claro de destitución. En esa oportunidad la presidenta de la cámara baja, Nancy Pelosi, básicamente decidió dejar a un lado la complicada frase en latín “quid pro quo” a favor de resaltar un acto de corrupción criminal comprensible para el ciudadano común. Fue un paso lógico, pero conlleva sus riesgos, opinó Cal Jillson, historiador especializado en la presidencia estadounidense, en la Southern Methodist University. “El proceso de juicio político ha entrado en su fase pública, no sólo porque las audiencias ahora se realizan abiertas al público, sino porque ambos partidos ahora están dirigiendo sus argumentos hacia el electorado”, opinó Jillson. “Es por ello que los demócratas decidieron, con mucha razón a mi parecer, olvidarse de esa frase en latín ‘quid pro quo’ en favor de términos más modernos, como soborno y extorsión”.
La Voz de Michoacán
