Notimex / La Voz de Michoacán Washington, 22 May.- La organización de derechos humanos Human Rights Watch (HRW) criticó hoy en un informe las costosas políticas del gobierno de Estados Unidos que penalizan los asuntos migratorios y dividen a las familias. "El gobierno estadounidense está convirtiendo a los inmigrantes en delincuentes al enjuiciar a muchos de ellos en vez de simplemente deportarlos", dijo la investigadora sobre Estados Unidos de Human Rights Watch y autora del informe, Grace Meng. "Muchos de estos inmigrantes no suponen una amenaza para la seguridad pública y son simplemente personas que intentan estar con sus familias", agregó. El informe documenta las consecuencias negativas de los procesos penales por ingreso y reingreso ilegal, que han aumentado mil 400 y 300 por ciento respectivamente durante la última década y cuyo volumen supera los procesos por todos los demás delitos federales, indicó. "Más de 80 mil personas fueron condenadas por esos delitos en 2012, muchas de ellas en procesos grupales acelerados que vulneran los derechos de debido proceso", sostuvo Meng en su reporte titulado "Convirtiendo a migrantes en delincuentes: el impacto adverso de los procesos penales en la frontera estadounidense". Puntualizó que muchas de estas personas son separadas de sus familias en Estados Unidos y una gran proporción termina cumpliendo meses o incluso años en prisiones federales sobrepobladas a un alto costo para el Estado. La encarcelación de migrantes sin antecedentes penales o solo condenados por delitos menores antes de deportarlos es una decisión que a menudo afecta a personas que intentan reencontrarse con familiares en Estados Unidos o escapar a la persecución en su lugar de origen, indicó el reporte. Denunció por otro lado que el proyecto bipartidista de reforma migratoria que debate el Senado propone un incremento en 250 millones de dólares al presupuesto para el procesamiento penal de estos casos en Tucson, Arizona. El proyecto establece además penas máximas más rigurosas para numerosas categorías de personas acusadas de ingreso o reingreso ilegal. En vez de impulsar esas medidas punitivas contra los inmigrantes "el gobierno estadounidense debería poner fin a procesos innecesarios contra personas que ingresan ilegalmente al país por primera vez o en forma reincidente", señaló HRW. El informe se elaboró a partir del análisis de datos del gobierno estadounidense y entrevistas con más de 180 personas, incluidos migrantes y sus familias, abogados, fiscales y jueces. El incremento en la cantidad de procesos penales federales por delitos migratorios forma parte de una tendencia que destina recursos antes empleados en la aplicación de la ley penal al cumplimiento de normas sobre inmigración que eran consideradas cuestiones de naturaleza civil, según HRW. El ingreso ilegal, que implica entrar al territorio del país sin autorización, constituye un delito menor, mientras que el reingreso ilegal que es retornar nuevamente al país tras una deportación, tiene categoría de delito grave. El gobierno estadounidense asevera que estos procesos penales son necesarios para evitar que peligrosos delincuentes ingresen al país y para disuadir la inmigración ilegal, pero esos procesos penales por cuestiones de inmigración no están cumpliendo su objetivo, señaló HRW. Indicó que muchas de las personas que son objeto de estos procesos son individuos sin ciudadanía estadounidense que no tienen antecedentes penales o solamente han estado implicados en delitos menores. En 2011, el 27 por ciento de las personas procesadas por delitos vinculados con el ingreso al país no tenía condenas anteriores por delitos graves, recalcó. El juez de Texas, Félix Recio, dijo a Human Rights Watch que el gobierno estadounidense ha creado una "categoría de delitos graves" destinada a personas que no son ciudadanas. "Cuando no hay antecedentes penales ni inmigratorios, criminalizar a estas personas es ?para mí? algo sumamente difícil", señaló. El informe sostuvo que abogados defensores señalaron que incluso muchas de las personas con antecedentes más graves tenían en realidad condenas dictadas años atrás y desde entonces habían mostrado un comportamiento acorde con la ley. Asimismo, muchas de las personas que ingresan o reingresan ilegalmente a Estados Unidos lo hacen por motivos completamente ajenos a los conceptos tradicionales de actividad criminal. Ingresan o reingresan al país, señaló HRW, más bien con el deseo de reencontrarse con familiares o porque escapan de la violencia y la persecución en sus países de origen. El juez federal de distrito Robert Brack, quien estima haber condenado a más de 11 mil personas por reingreso ilegal, dijo que "desde hace 10 años, he presidido un proceso que destruye familias en forma diaria, e incluso varias veces por día", aseveró. Datos publicados recientemente por el Departamento de Justicia de Estados Unidos indican que en los primeros seis meses del ejercicio fiscal 2013, los procesos vinculados con inmigración se incrementaron en un 10 por ciento. Grace Meng expresó que si el gobierno de Barack Obama y el Congreso consideran "seriamente" la posibilidad de reformar el sistema migratorio para proteger a familias, deberían conceder a todos los deportados y separados de sus familias la posibilidad de demostrar que pueden contribuir en forma valiosa con la sociedad. "De lo contrario, el gobierno no podrá evitar continuar gastando millones de dólares para juzgar y encarcelar a personas que tienen fuertes lazos con Estados Unidos", apuntó la autora del informe.
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