Notimex/La Voz de Michoacán. El gobierno de Guatemala rechazó hoy los señalamientos en contra del presidente Otto Pérez Molina, que lo vinculan en ataques de militares a comunidades de indígenas en la pasada guerra interna que se prolongó 36 años. Los señalamientos surgieron en el juicio por genocidio y deberes contra la humanidad que se sigue desde el pasado 19 de marzo al ex gobernante de facto, Efraín Ríos Montt (1982-1983), y al también general retirado José Rodríguez Sánchez. El ahora gobernante participó por el Ejército en las negociaciones de paz del gobierno con la guerrilla y fue uno de los líderes que el 29 de diciembre de 1996 suscribió el acuerdo de paz que selló el conflicto armado interno que causó 200 mil muertos y desaparecidos. El testigo protegido de la Fiscalía del Ministerio Público (MP), Hugo Ramiro Leonardo Reyes, quien era mecánico del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, destacado en el municipio de Nebaj, en el occidental departamento de Quiché, acusó al actual presidente. En una declaración por medio de videoconferencia, dijo que los militares atacaron comunidades indígenas sospechosas de colaborar con la guerrilla, bajo órdenes de un comandante militar con el sobrenombre de "Tito Arias", a quien identificó como Otto Pérez Molina. El secretario general de la Presidencia, Gustavo Martínez, consultado por periodistas, rechazó en forma categórica los señalamientos en contra de Pérez Molina, y adelantó que tomarán las acciones legales que correspondan por los infundios. Dijo que el Ministerio Público (MP) "transgredió el derecho a la defensa del mandatario porque fue involucrado en un proceso legal al que no ha sido citado por los juzgados correspondientes". "Me sorprende el error garrafal en pleno derecho cometido por el Ministerio Público, que permite que una persona declare contra un tercero que no ha sido citado, oído y vencido en juicio" en el proceso contra los dos generales retirados, puntualizó. En el primer juicio por genocidio en Guatemala, que se instauró el pasado 19 de marzo contra Ríos Montt y el ex jefe de inteligencia militar en el gobierno de facto, el MP pretende probar que ambos militares son autores intelectuales de la matanza de al menos mil 177 indígenas ixiles en operativos contrainsurgentes en 1982 y 1983.
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