EFE / La Voz de Michoacán Perú. A principios del año pasado, la joven de 20 años denunció que fue violada por un conocido, quien fue detenido; sin embargo, meses después de los hechos, unos magistrados absolvieron al presunto agresor bajo el argumento de que la víctima vestía ropa interior de color rojo y concluyeron que la denunciante sabía que podría tener relaciones sexuales con el imputado. Además, el agresor expuso que la mujer lo denunció por venganza. Ahora, la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) de Perú suspendió a los tres jueces que absolvieron al presunto violador en la ciudad sureña de Ica, porque la víctima usaba ropa interior de encaje rojo, lo cual afirmaron que anticipaba un encuentro sexual. Sobre los hechos que constan en la denuncia, la mujer acompañó a su presunto agresor, de 22 años, a realizar algunas diligencias administrativas; luego la invitó a un bar donde le insistió que bebiera de manera constante, pero luego de la única copa que tomó, ella perdió el conocimiento. Luego despertó en una cama de la vivienda del conocido y desvestida. Pero meses después el tribunal, compuesto por dos mujeres y un hombre, desestimaron el caso al considerar que la “supuesta personalidad” tímida de la víctima “no guardaba relación con la prenda íntima que utilizó el día de los hechos”. También apelaron a una figura argumental llamada “la máxima de la experiencia” para determinar que “este tipo de atuendo interior femenino suele usarse en ocasiones especiales para momentos de intimidad”, y por ello concluyeron que la denunciante sabía que podría tener relaciones sexuales con el acusado. La suspensión preventiva de seis meses contra los jueces Ronald Anayhuamán, Diana Jurado y Lucy Castro fue ordenada por la jefa de la OCMA, Mariem de la Rosa, a raíz de un procedimiento disciplinario abierto a estos magistrados después de la controvertida absolución, que generó protestas en las redes sociales y en manifestaciones públicas. La medida cautelar de suspensión precisó que los jueces habrían utilizado afirmaciones que ofenderían la dignidad de la víctima por su carácter subjetivo y "bajo una presunta visión estereotipada que revictimizaría a la agraviada por el propio Estado, a través de un Juez como operador de justicia". En la resolución de absolución, difundida en octubre pasado, los jueces del Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial Transitorio Zona Sur expresaron que el que "la agraviada haya usado trusa (calzón) color rojo con encaje conlleva a inferir que estaba dispuesta a tener relaciones (sexuales) con el imputado". Agregó que "la máxima de la experiencia" señala que esa prenda es usada para ocasiones de intimidad, lo cual desvirtuaría un escenario de agresión sexual y también el peritaje psicológico que dijo que la víctima era "tímida", en el sobreentendido que solo una mujer "atrevida" llevaría ese tipo de prenda. El órgano de control agregó que los jueces suspendidos han violentado la perspectiva y el enfoque de género, porque resulta "inconcebible que se prejuzgue" a una denunciante por el tipo de atuendo y que este haya representado un "consentimiento tácito". La abogada de la organización feminista Demus, María Ysabel Cedano, explicó que "la OCMA está cumpliendo con su deber de actuar de oficio frente a cualquier discriminación y revictimización de las personas que son víctimas de delitos sexuales y de cualquier otro delito". Además, consideró que este órgano de control está "escuchando la demanda y la protesta por la indignación de muchos colectivos (feministas), que enteradas de esta sentencia salimos a protestar en las redes sociales y en las calles", recordó. La protesta por este caso se sumó a otras denuncias de violación sexual y cuyas víctimas también fueron objeto de prejuicios, como la joven que fue atacada por cinco hombres en Lima y que fue señalada, por el abogado de uno de los agresores, como una persona a la que "le gusta la vida social" para desvirtuar su acusación. "Usualmente, los abogados de los violadores todavía se empecinan en destruir la credibilidad del testimonio, en base al pasado sexual o la vida sexual de la víctima", afirmó Cedano. La abogada mencionó que, para resolver esta situación tan recurrente en los casos de agresión sexual, en 2011 hubo un acuerdo plenario de la Corte Suprema Penal que precisó sobre la valoración de las pruebas sobre delitos sexuales, los prejuicios de género y que "no se puede indagar sobre el pasado sexual de la víctima o exigir resistencia física para probar consentimiento". En tal sentido, Cedano señaló que la sala de Ica hizo caso omiso a ese acuerdo plenario y ahora corresponde sancionar el machismo en esa sentencia absolutoria, como también la presunta corrupción. "Estamos hablando de un sistema judicial que, muchas veces, usa estos argumentos machistas, que creen que es la única manera con que van a poder responder a la corrupción, que quiere comprar su decisión", expresó. Con la decisión de la OCMA, la resolución absolutoria del presunto violador puede seguir el camino para ser anulada, de la misma forma que la Corte Suprema de Justicia podrá revisar esta sentencia apelada por la defensa de la víctima y por el Ministerio Público. Según información de los Centros de Emergencia Mujer (CEM) del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, unas 6.893 denuncias por violencia sexual fueron presentadas entre enero y setiembre de este año, aunque las organizaciones feministas consideran que la cifra debe ser mayor.
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