Humberto Armenta Presidente del Consejo de Administración de RECSA; y también se ha desempeñado como presidente de la American Society of Civil Engineers ASCE y presidente nacional de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, entre otros. Hoy más que nunca es necesaria la utilización de esquemas novedosos para promover un desarrollo regional, cuyo objetivo sea fomentar el bienestar social de todos los habitantes de nuestro país. De acuerdo con nuestro régimen constitucional, deben concurrir, con responsabilidad social, el sector público, el sector social y el sector privado. La normatividad en materia de Asociaciones Público Privadas (APPs), en vigor desde la década pasada a nivel federal y estatal, determina las condiciones para la entrada de capital privado en proyectos de infraestructura y prestación de servicios públicos, beneficiando directamente a las comunidades y generando oportunidades de negocio que activan la economía a nivel nacional, estatal y municipal. Es una herramienta útil para los gobiernos al establecer reglas claras para permitir la inversión de privados en proyectos en los cuales no se cuenta con recursos públicos y que en muchos casos no se llevarían a cabo si no fuera bajo este esquema. Al ser la infraestructura uno de los principales factores que permiten generar condiciones para el desarrollo, la necesidad de contar con proyectos nuevos y modernos no es la excepción en el estado de Michoacán. En este sentido, la ley de APP estatal incorpora los mecanismos técnicos, financieros y legales necesarios para que el gobierno esté en condiciones de evaluar proyectos desde dos ópticas, la del estado para identificar la necesidad de llevar a cabo obras o de procurar la prestación de servicios y la de la factibilidad de que los proyectos presentados por privados sean los idóneos en términos de rentabilidad económica y social. Sin duda este modelo tiene múltiples ventajas para Michoacán, empezando por una disminución en los tiempos de ejecución de los proyectos, planeación hecha por especialistas y la eliminación de limitaciones temporales, como es el caso de aquellos proyectos financiados con recursos públicos presupuestales. El mecanismo de APP resulta una fórmula ganadora para Michoacán, fomentando la construcción de infraestructura nueva y el mejoramiento de la existente en beneficio de la población. Además, generará empleos y una derrama económica en beneficio de empresas locales. Con lo anterior se abre la puerta a nuevos proyectos de infraestructura carretera, ferroviaria, portuaria, aeroportuaria, hidráulica y energética, aumentando la interconectividad y competitividad del estado. En este momento resulta crucial echar mano de todas las herramientas que posibiliten el desarrollo integral del estado de Michoacán. Su ubicación privilegiada, así como sus variados recursos naturales, lo hacen un destino idóneo para la inversión. La creación de alianzas estratégicas entre el gobierno y la inversión privada serán clave para lograr un desarrollo regional equilibrado.
La Voz de Michoacán
