Editorial Si una comunidad originaria gana ante las autoridades el poder ejercer su recurso de forma directa y gobernarse según sus usos y costumbres, los colectivos/despachos que les acompañan en la tarea legal manejarían tarifas de cobro que rondan entre el 20 y el 25 por ciento del presupuesto que se les entregará en su primer ejercicio anual. Es decir, si una tenencia o una población originaria de mediano tamaño amerita “proporcionalmente” que se le entreguen 16 millones de pesos, estas agrupaciones se quedarían de golpe y porrazo con 4 millones de dinero del erario público, recurso que sale de los impuestos de los michoacanos e incluso de otras regiones del país. Otro pendiente es sin duda el tema de la transparencia, en donde muchas de las poblaciones han quedado a deber porque sus consejos comunales en varias ocasiones han confundido el autogobierno con la ausencia de medidas fiscales o de control del capital que reciben. Aunado a ello, poblaciones como Nahuatzen y Zirahuén, o incluso Jarácuaro, han mostrado un rechazo importante a la intentona de imponer este tipo de es-quemas por parte de algún sectorde la población. En casos como lacabecera de Nahuatzen la votación en contra de los usos y costumbres fue aplastante; en Jarácuaro ganó el autogobierno de forma tan cerrada que queda la duda de si estos ejercicios deberían realizarse cada cierto tiempo para evaluar y medir el sentir ciudadano. ¿Y a nombre de quién quedan las propiedades que se compra con este recurso para la casa comunal u oficinas? A esto se suma el litigio en la Suprema Corte, que por primera vez abordará desde lo (in)constitucional la figura. Pese al encomiable esfuerzo del Gobierno del estado, la ruta que se pretende tiene aún en-frente un camino de retos, pen-dientes y dudas más complejo de lo que se percibe
La Voz de Michoacán
