Horacio Erik Avilés Martínez Seamos claros: a pesar de ser un derecho humano primordial, la educación no es la principal prioridad del gobierno ni tampoco de los ciudadanos en Michoacán. Del gobierno sobran las evidencias. Respecto a la sociedad, lo demuestran diversas encuestas que se han aplicado al respecto. La problematización inicial que se realiza en ejercicios demoscópicos aplicados a granel recientemente con motivos político-electorales brindan luz respecto a las principales preocupaciones de los michoacanos. En ellas, se demuestra que nos inquietan la inseguridad, la reactivación económica y la salud principalmente. En términos secundarios aparece la educación, al igual que el mal gobierno, la corrupción, el agua, el medio ambiente y otros factores. No se duda de que la crisis económica, la pandemia y la peor ola de violencia se hayan sincronizado actualmente en nuestra tierra. Pero, ¿hasta qué punto esa priorización es resultado de nuestra propia ignorancia promedio? En Michoacán tenemos en promedio apenas ocho años de escolaridad, segundo de secundaria. Es decir, somos un estado sumido en el rezago educativo, toda vez que para superar ese indicador deberíamos de tener al menos nueve años de escolaridad cursados en promedio, lo cual aún se ve como una meta lejana. Pareciera ser que aún no hemos reparado en que contar con mayor escolaridad y con una mejor educación nos ayudarían enormemente a mejorar la seguridad, la economía y la salud pública. El mal gobierno, la corrupción y la violencia que cunden pueden solucionarse con la formación de nuevas generaciones que hayan introyectado y vivenciado otros valores muy diferentes a los que prevalecen hoy en día en nuestra entidad. Asimismo, asimilaríamos de mejor manera la información científica que se ha emitido en torno a cuidarnos mejor del COVID-19 y tenderíamos menos a ser presas de la posverdad, la desinformación y de los rumores que abundan. Tal vez, entre los más preparadospueda ser más fácil hacer conciencia de que tenemos que hacer un esfuerzo extraordinario en lo educativo para remediar la situación integral de la entidad. Pero, en las clases sociales que no tienen posibilidades económicas para hacer un ahorro de tiempo y dinero para estudiar resultará mucho más difícil, dadas las precarias condiciones que suministra el gobierno para poder ejercer el derecho a aprender.Sabemos que, en los hechos, tanto la verdadera clase media como la clase alta constituyen conjuntamente menos del 20 por ciento de la población. La pobreza y la vulnerabilidad, en todas sus modalidades generan efectos combinados en los cuales la inmensa mayoría de la población se ven involucrados y afectados, resultando muy difícil o imposible implementar aquella frase famosa: “el cambio está en uno mismo”. Sí, en cada uno de nosotros reside la posibilidad de entender que la educación es trascendental para resolver nuestros problemas individuales, familiares y sociales, pero ponerla en práctica, para miles de michoacanos es casi tan ilusorio como sacarse la lotería. La situación es realmente desesperada, porque como nunca, el tiempo se va a borbotones, las hojas del calendario caen arrugadas día tras día sin que suceda mayor novedad a favor del derecho a aprender de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en la entidad. La simulación campea en nuestro sistema educativo estatal y la desesperanza plaga los sueños, ilusiones y aspiraciones legítimas de las generaciones jóvenes. Pareciera que a muy pocos les preocupa realmente la educación, comenzando por quienes deberían responsabilizarse de construir la sociedad del futuro. Por ejemplo, las autoridades michoacanas en materia educativa voltean a otra parte, procrastinando el pago de salarios y prestaciones de los trabajadores con plazas estatales, dedicando recursos a actividades no urgentes como construir techumbres en patios cívicos que durarán meses en ser estrenadas, siendo altamente probable que para cuando por fin llegue el momento del retorno presencial a las aulas estas obras ya requieran de mantenimiento. Se dedican a hacer colectas de basura electrónica y a convertir la conectividad en un acto de beneficencia. Reacomodan sus piezas en las áreas que manejan recursos y el derecho a aprender luce más indefenso que nunca. Simultáneamente, la CNTE azul protesta tomando las oficinas centrales de la Secretaría de Educación en el Estado para exigir se le entregue el monopolio de la certificación del ciclo escolar pasado y el actual a través del llamado Programa Democrático de Educación y Cultura en el Estado de Michoacán (PDECEM), el cual carece de condiciones normativas, de diseño curricular, pedagógicas, epistemológicas y de contenidos disciplinares para ser validado como tal por parte de las autoridades educativas estatales.Empero, año tras año se les acredita el ciclo escolar a quienes lo cursan bajo este programa hechizo.Lo altamente cuestionable estriba en que, sin contar ni luchar por la conectividad, lo que disputa la CNTE es poder acreditarles ciclos escolares cursados a los estudiantes, lo cual demuestra su afán simulatorio que esconde una intención clientelar y de lucro. Si al Gobierno de Michoacán le preocupara la educación se comenzaría por atraer la problemática desde el despacho del gobernador y se trazaría una ruta de solución. Sin embargo, parece haber otras prioridades en esas esferas del poder. Pero si así fuera, habría otras condiciones muy diferentes. Por ejemplo, en poco tiempo cambiaría lo siguiente: Las vías del tren no estarían tomadas, porque todos los maestros recibirían su quincena puntual y completa, incluyendo bonos y prestaciones, ya que sería prioritario pagarles a todos los trabajadores de la educación. Se proveería a las escuelas de todo lo necesario en tiempo y forma, evitando las incómodas e ilegales cuotas de recuperación que se piden para prácticamente todo. Se escucharía a la ciudadanía y se conformarían órganos de gobernanza para hacer frente común ante la pandemia, tras de la cual se parapetan la ignorancia y el rezago educativo de todo un pueblo. Habría administración transparente de los recursos públicos destinados a la educación estatal. No cabría la duda respecto a cómo se destina cada peso, cada material y cada hora del personal contratado para garantizar el derecho a aprender de los michoacanos. No habría tráfico de plazas, ni de espacios educativos entre los trabajadores de la educación, ni tampoco se subastarían las fichas de ingreso a las escuelas cuya demanda supere a la oferta. Los normalistas estarían dedicados a estudiar. Se hubieran dignificado, presupuestado suficiente y pertinentemente sus necesidades y existiría un marco normativo donde las actividades académicas serían lo más sustantivo de todo el normalismo, blindándole de los intereses de grupos fácticos que pretendiesen usar a las comunidades normalistas para favorecer sus intereses políticos, ideológicos, electorales, sindicales o delincuenciales. Se brindaría un trato igualitario a los sindicatos magisteriales conformados y reconocidos como tales; así como se escucharía y atendería a todas las expresiones y grupos gremiales, conforme a lo estipulado por el artículo octavo constitucional. Se coordinaría con el gobierno federal para resolver los retos en materia educativa que involucrasen recursos y atribuciones en común, sin importar el costo político, económico ni electoral para resolver las situaciones, siempre poniendo al centro el derecho a aprender de los michoacanos. Se articularía con los gobiernos municipales, sin importar el color político de sus gobernantes ni la rentabilidad electoral para impulsar proyectos de infraestructura, equipamiento, regularización de planteles que expandiesen el derecho a aprender en sus territorios. Evitaría la firma de minutas, acuerdos, componendas y la entrega de canonjías, como, por ejemplo, regalarles terrenos en la playa y salones de fiestas a los líderes sindicales de su preferencia. Asimismo, evitaría la discriminación hacia las fracciones minoritarias y no se les retirarían prestaciones, bonos ni se les reduciría el salario. Serían conscientes de que once meses y dos días son demasiado tiempo para hacer poco y trazarían una agenda de transición para lograr resultados de alto impacto que reviertan los pírricos indicadores de desempeño. Por ejemplo, tomarían lo comprometido en la Agenda por Michoacán y acelerarían el paso para mejorar el escaso 11 por ciento de cumplimiento que han acumulado en un lustro de gobierno. Se contratarían perfiles en la educación estatal, comenzando por la estructura de mando que contaran con un sólido currículum académico, experiencia profesional, probidad y capacidad para administrar los recursos educativos, rendir cuentas y entregar su mejor esfuerzo en aras de sanear la dependencia, despidiendo fulminantemente a los operadores políticos, a los simuladores y a quienes carecen de perfil, aptitudes y experiencia para estar en un cargo público de esta relevancia. Paralelamente, si al gobierno federal le importara la educación michoacana, también habría otro tipo de acciones y actitudes hacia nuestra entidad federativa, por ejemplo, las siguientes: Intervendría hasta donde sus atribuciones le permiten supervisando lo que ocurre en Michoacán. Dejaría de voltear hacia otro lado y pensando que México tiene 32 entidades federativas. Comprenderían que pesa más el riesgo de que el sistema educativo de nuestra nación se “michoacanice”, respecto a ignorar u olvidar la problemática de nuestra entidad, que podría resolverse muy pronto, en caso de determinarse así. No intentaría recortar el presupuesto de los programas federales que atemperan la crisis educativa estatal. Los catorce programas federales y los fideicomisos que impactan en la atención educativa a grupos vulnerables, al desarrollo de la ciencia, transferencia de tecnología e innovación se preservarían, mejorando sus reglas de operación y su transparencia. Se enviaría dinero suficiente para resolver las necesidades de los michoacanos por medios transparentes y trazables, con un marco normativo robusto, firme y a prueba de corrupción para garantizar una solución estructural a la crisis financiera de la educación estatal de una vez y para siempre. Y por supuesto, si a los ciudadanos nos importara la educación, además de destinar más tiempo, dinero y esfuerzo a cultivarnos en la medida de nuestras posibilidades, también tomaríamos cartas en el asunto, realizando acciones como las siguientes: Votaríamos por quienes tengan perfil, carácter, estudios, capacidad y experiencia para realizar un gobierno educador.Pararíamos en seco a quienes han sido parte del problema educativo y a quienes no han brindado resultados al frente de la educación estatal en sus ambiciones proselitistas rumbo a obtener un cargo de elección popular.Impulsaríamos la mejor agenda para la educación estatal como un imperativo a firmarse por parte de los candidatos.Exigiríamos al unísono que la educación fuera la primera prioridad del gobierno y la escuela el camino natural para incidir en el desarrollo comunitario. Demostremos que nos preocupa y nos ocupa nuestro futuro, así como el de nuestros hijos y nietos. Elevemos la exigencia. Justamente estamos en el tiempo en el cual se definen las aspiraciones de quienes intentarán gobernarnos. ¡Ya merecemos un gobierno educador! Sus comentarios son bienvenidos en eaviles@mexicanosprimero.org y en Twitter en @Erik_Aviles
La Voz de Michoacán
