MEXICANOS PRIMERO MICHOACÁN | Consideraciones sobre las cuotas escolares

Como antecedentes contamos con que las cuotas escolares son un medio de sostenimiento de los planteles educativos en Michoacán.

Horacio Erik Avilés Martínez

Oficialmente, hoy es el último día de clases de 2021. En muchos planteles hoy se pausará el ciclo escolar para entrar a un tradicional periodo vacacional.  En el balance de lo sucedido durante este último bimestre se debe destacar que se avanzó ampliamente en el retorno a la presencialidad escolar y en el pago de adeudos a los trabajadores de la educación, dos grandes aciertos que posibilitan el mejor acceso a la educación de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en la entidad.

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Para el retorno a clases y en la preparación del siguiente ciclo escolar destaca el tema financiero. Si bien, los estudiantes, maestros y sus familias estarán de vacaciones, mientras ellos disfrutan del descanso, los 40 diputados integrantes de la LXXV legislatura estarán decidiendo sobre el presupuesto educativo para el siguiente año, en donde tienen la oportunidad de garantizar de la mejor manera posible el derecho a aprender de los michoacanos. Imaginemos que antes del 31 de este mes contemos con un presupuesto 2022 histórico, garantista, inclusivo y digno para el sistema educativo estatal. Definitivamente, es un paso que debe darse. Recientemente, la LXXV Legislatura del Congreso del Estado adoptó el eslogan denominado “el poder de la inclusión”, el cual debe estrenarse y ponerse a prueba precisamente en la generación del presupuesto educativo para el 2022.  Ahí se plasmará la vocación de los diputados locales al respecto.

Por otra parte, es innegable que, en Michoacán hay muchas escuelas, así como modalidades, universidades y subsistemas enteros que se encuentran en la precariedad absoluta, en el abandono o, incluso, en la quiebra técnica. Lo anterior sucede principalmente porque el sostenimiento que les brinda la Secretaría de Educación en el Estado es históricamente insuficiente.  Garantizar los derechos humanos es sinónimo de presupuestar dignamente los recursos con los cuales se instrumentarán las acciones necesarias para tales efectos.  Sin embargo, es sabido que el dinero destinado al sistema educativo estatal es poco e insuficiente, a la vez que mal gastado, por todos los saqueos imperantes.

En estas fechas decembrinas es común encontrar planteles y universidades en las cuales reina la precariedad en lo académico y en lo administrativo, pero sus cúpulas sindicales se solazan en la opulencia, realizando con nuestros impuestos grandes comilonas, fiestas, posadas, rifas y convivencias en las cuales la austeridad es totalmente desconocida. Es decir, hay educación pobre con sindicatos ricos. Los que marchan, bloquean y se movilizan son unos, pero quienes se aprovechan del poder que posee la base son unos cuantos. Tampoco faltan los funcionarios que, en aras de granjearse favores de la clase política envían a granel botellas, canastas navideñas y toda clase de presentes caros, pagados con el erario para mejorar la imagen política de quienes saquean el erario de esa manera. Definitivamente hay contrasentidos y usos y costumbres perversos entre la alta burocracia y los actores cupulares del sistema educativo estatal, los cuales deben ser contenidos, erradicados y prevenidos a la brevedad.

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Sin embargo, ni presupuestar el escaso recurso que hay ni tampoco la austeridad en el ejercicio del gasto resolverán el problema de la noche a la mañana. Se contempla al respecto incrementar los mecanismos recaudatorios, donde se debe de privilegiar el impuesto sobre el ingreso sobre el del consumo, así como sopesar la posibilidad de endeudamiento tampoco cambiarán por completo la situación, sino que llanamente la sobrellevarán.

Por ello, no resulta en absoluto descabellado contemplar la posibilidad de que se contribuya al sostenimiento escolar desde las cuotas voluntarias de los padres de familia, lo cual está contemplado en la ley. Se debe trabajar en regularlas y en transparentarlas, así como en emplearlas de la mejor manera posible, pero siempre cuidando no normalizarlas.

Como antecedentes contamos con que las cuotas escolares son un medio de sostenimiento de los planteles educativos en Michoacán. Y no de ahora, sino de muchas décadas atrás, donde se han implementado desde las asociaciones de padres de familia la contribución mediante cuotas voluntarias y actividades de recaudación para dotar de viabilidad financiera a las escuelas.  Es un hecho que existe normatividad para poderlas cobrar y administrar transparentemente, la cual se debe obedecer irrestrictamente para sacar de la precariedad a las escuelas, no a quienes administran las cuotas.

En el pasado hubo simulación, hubo una doble moral, una inconsistencia rotunda entre el decir y el hacer, entre la norma y lo que sucedía. Se prohibían las cuotas, pero no se regulaba el cobro, permitiendo actos de corrupción en muchos planteles escolares de la entidad. Más aún, se promovieron actividades de beneficencia sumamente dudosa, obtenida de parte de proveedores que ganaban un contrato tras otro, siendo más que un favor para los estudiantes, una prueba de la corrupción imperante y del conflicto de intereses rampante. Por obvias razones,  la SEE, al contar con una visión distante de la realidad escolar y de la contribución económica de los particulares en la educación permitió una serie de abusos que llevaron a que fuera la dependencia que más quejas acumulaba ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos durante varios años por no hacer por frenar la laceración de los derechos educativos de los estudiantes, al ser incapaces de que se les condicionara el acceso a la educación a quienes no podían o no querían pagar cuotas escolares.

Es importante recordar que las garantías constitucionales respecto a la gratuidad educativa están enunciadas en el Artículo Tercero de la Carta Magna, así como en la legislación secundaria aplicable en la materia. Es una obligación garantizar el derecho a la educación de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en Michoacán, lo cual implica presupuestar dignamente para que nadie se quede sin estudiar y vigilar que nadie abuse de las circunstancias limitando el acceso a los planteles escolares a los estudiantes que no pueden o no quieren aportar recursos para el sostenimiento de éstos.

La Ley Estatal de Educación prohíbe específicamente las cuotas obligatorias y condicionar servicios educativos o documentación a cambio de ellas.  Empero, ante la situación de abandono, deterioro y precariedad de los planteles escolares en la entidad, es importante promover y regular la eventual participación de la ciudadanía en la construcción de infraestructura, en el equipamiento y en el mantenimiento preventivo y correctivo, así como en la provisión de consumibles.  Ya hay normatividad al respecto, pero lo que hace falta es que se logre promover la participación ciudadana en la mejora continua de las escuelas.

Bien se haría en promover ampliamente entre los sectores sociales que el mejor acto de beneficencia que podemos realizar es apoyar la educación pública de los hijos de los michoacanos. Para tales efectos, es importante que se realicen diversas medidas, a saber:

Que se conforme el Consejo Estatal de Participación Escolar en la Educación (CEPEE) para promover la participación organizada de la ciudadanía en la vigilancia y realización de actividades de fondeo del sistema educativo estatal;

Que se publique un acuerdo de creación estatal para ser un estado pionero en aprovechar favorablemente el carácter optativo de los CEPEE.

Que se conformen los 113 consejos municipales respectivos que permitan organizar territorialmente la participación ciudadana con el CEPEE.

Que los consejos escolares también estén debidamente instalados y listos para realizar acciones de supervisión del ejercicio del gasto, de la recaudación y de colaboración ciudadana.

Que existan ventanillas para la recepción de donativos, tanto en efectivo como en especie, donde se entreguen comprobantes con valor fiscal y deducibles de impuestos.

Que se conformen comisiones al interior del CEPEE para verificar la transparencia y debido ejercicio de los recursos recabados.

Que haya supervisión de posibles casos de violación de derechos de los estudiantes.

Que se emitan lineamientos más específicos para el manejo de las cuotas escolares y donativos que pudieran recibirse.

Que se haga una circular donde se diga con toda claridad que está prohibida la negación de servicios educativos por impago de una cuota voluntaria.

Que se acote la posible invasión a la escuela pública, en donde se paren los intereses de grupos fácticos que intentan manipular el sistema educativo, el modelo, los planes y programas de estudios alejándolos de los preceptos constitucionales y de los principios de la Nueva Escuela Mexicana.

En administraciones pasadas hubo algunos pasos al respecto, pero es una realidad que aún queda mucho por hacer. La disrupción se logrará con transparencia, con gobernanza y rendición de cuentas.

Y de fondo, está el tránsito de la gobernabilidad a la gobernanza; del ejercicio vertical del poder al interior del sistema educativo hacia uno horizontal, tomando en cuenta y haciendo partícipes a los estudiantes, padres de familia, ciudadanos y maestros en todas las etapas del ciclo de la política pública. Porque si se normalizan las cuotas, lógico es pensar que también habrá cauces para que se participe más ampliamente en la escuela más cercana al domicilio de cada ciudadano.

No tiene nada de malo, adicionalmente al cumplimiento de las responsabilidades educativas por parte del gobierno, adicionalmente promover la realización de faenas, programas de donativos voluntarios y otros mecanismos de recaudación que incrementen el bienestar de las comunidades de aprendizaje en las escuelas públicas michoacanas, con total transparencia y trazabilidad. Pero será necesario operar dentro del delgado margen que poseen las escuelas, sin violar la ley y construyendo el sistema de participación ciudadana que se requiere para garantizar la participación ciudadana en tan delicado tema. Esperemos se logre instrumentar debidamente lo planteado por la titular de la SEE y no existan actos violatorios de derechos humanos de nadie, porque realmente se ocupan más recursos en los planteles educativos.  Que así sea.

Sus comentarios son bienvenidos en eaviles@mexicanosprimero.org y en Twitter en @Erik_Aviles