MEXICANOS PRIMERO MICHOACÁN | Por una ruta de mejora educativa

Más allá del personal de estructura, preocupan especialmente, las definiciones de coordinadores de programa, de personal de base comisionado a labores técnicas y administrativas.

Horacio Erik Avilés Martínez

Después de lo vivido durante el sexenio recientemente concluido es muy importante marcar rápidamente un punto de inflexión respecto a lo padecido. El bono democrático legítimamente ganado en las urnas debe permanecer y multiplicarse en las manos del gobierno que recién ha tomado posesión, debiendo ser cimentado con resultados prontos y de alto impacto en la resolución de la problemática que tanto laceró a Michoacán.

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La opinión pública aún está sumamente inconforme por los abusos padecidos, lo cual recientemente se exacerbó tras haberse dado a conocer la cifra multimillonaria que se direccionó hacia la insensata renta de helicópteros y edificaciones suntuarias, con la cual se pudo haber resuelto la crisis de falta de recursos que embarga a más de 28 mil familias en Michoacán por el impago de salarios. Por lo anterior, resulta de capital importancia sublimar rápidamente el repudio público hacia una actitud proactiva por el bien superior de los michoacanos. No podemos seguir eternamente indignados y en el inmovilismo.

Con el cabal cumplimiento de los recientes anuncios de pronto pago de salarios y bonos adeudados de este año y el anterior, la situación puede ser muy diferente en el corto plazo. El adeudo con el magisterio por fin estará cubierto y habrá mucha mayor posibilidad de restituir el derecho a aprender a más de un millón 300 mil estudiantes en Michoacán. Es tiempo de establecer una ruta de mejora educativa.

Si bien, esta semana estuvo llena de manifestaciones de protesta ante la situación de impago que prevalece en afectación hacia los trabajadores de la educación cuya modalidad de sostenimiento es estatal, también es cierto que la mayoría de los comunicados emitidos por las organizaciones gremiales son sensibles y sensatos. Piden salarios, prestaciones, bonos e igualdad salarial principalmente. Por lo anterior, la actitud receptiva y conciliadora asumida por el gobierno del estado permite considerar una solución pronta a las demandas más fuertes del magisterio michoacano.

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Paralelamente, el gobernador ha estado muy al tanto del tema, ha presidido diversas reuniones en la entidad, gestionado otras ante las autoridades federales y se ha reunido con muchos actores clave del sistema educativo para impulsar el retorno a la presencialidad en la entidad. Aunado a lo anterior, la visita presidencial del fin de semana, anunciada con todo y el gabinete legal genera amplias expectativas respecto a posibles medidas de política pública articuladas entre el gobierno federal y el estatal.  Por fin, las soluciones se ven más cerca de lo que parecían.

A escala local, además de las cuestiones de gobernabilidad, finanzas y coordinación entre órdenes de gobierno está en proceso aún el importantísimo tema de la elección adecuada del gabinete educativo.  Resulta clave que sean las personas más capaces, preocupadas y experimentadas por el desarrollo del sistema educativo estatal quienes estén al frente de las responsabilidades educativas. Hasta ahora se ha caminado bien al respecto en los primeros nombramientos que se han entregado en el sector, ya que hay experiencia, formación académica, capacidad probada y multidisciplinariedad. Los pasos en los siguientes niveles de mando deberán ser consecuentes con lo logrado hasta ahora.

Más allá del personal de estructura, preocupan especialmente, las definiciones de coordinadores de programa, de personal de base comisionado a labores técnicas y administrativas. Sí, hay perfiles valiosos en la Secretaría de Educación en el Estado, gracias a quienes el sistema educativo estatal no se ha caído del todo. Se cuentan por miles a los maestros, personal de asistencia y apoyo a la educación, directivos y supervisores, quienes han hecho esfuerzos heroicos por compromiso y vocación, sin que haya quien les supervise, sin que haya otro vigilante de su deber más que su responsabilidad y su conciencia. Deben tener nuestro reconocimiento, a la ver que nuestro respaldo para que, en esta temporada de transición gubernamental se les sepa detectar, sostener y arropar para que haya una merecida continuidad apersonada en quien así lo amerite.

Lamentablemente, también existen muchos que se camuflan desde hace décadas entre quienes sí trabajan. Hay una gran cantidad de personas que solamente han simulado durante muchos años estar del lado de los estudiantes, de los maestros y de la educación, pero en realidad solo se valen de la estructura educativa para favorecer sus intereses personales y grupales.  Es importante se les detecte a tiempo y se les marque un límite conforme a lo estipulado por la normatividad aplicable en la materia.

Un paso esencial es trazar una agenda por el desarrollo educativo de Michoacán.  Pero una que sea participativa, corresponsable y que involucre a los principales actores de la escuela pública, los estudiantes, los maestros y sus familias. Deben tenerse muy en cuenta ejercicios pretéritos en donde se simuló la participación social en la educación. Será clave convocar a las organizaciones de la sociedad civil cuyo objeto social tiene que ver con el desarrollo educativo estatal y que profesen los mismos valores que están enunciados en el artículo tercero constitucional: es decir, que estén manifiestamente a favor de la laicidad, gratuidad, universalidad, inclusión y excelencia en la escuela pública.

También, será sumamente importante que desde ahora se diseñe e instrumente un programa de regreso a clases presenciales en Michoacán. No se pueden seguir acumulando más días sin clases nuestra entidad federativa, la cual, indiscutiblemente será la última en retornar, pero lo importante es que ya no se vulnere más el derecho a aprender de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Debe existir ya un límite.  

Empero, la obligatoriedad de las clases presenciales debería de flexibilizarse, toda vez que es conocida la situación en la que se encuentra Michoacán en materia socioeconómica, así como del avance parcial de la vacunación contra el COVID-19, a la par que no todos se encuentran en posibilidades de enviar a sus hijos a las escuelas.

Un factor que debemos reconocerle al modelo de aprendizaje a distancia es que sirvió para entablar comunicación respecto a la situación socioemocional de los estudiantes y sus familias, lo cual se obviaba antes de la pandemia, en la gran mayoría de los casos. Esta reivindicación es importante sostenerla aun cuando se retorne a la presencialidad, toda vez que hemos aprendido sobre la inmensa influencia del ambiente en el hogar para el aprendizaje de los estudiantes.

Está demostrado que el modelo presencial incide más en el aprendizaje de los estudiantes que uno híbrido o a distancia. Lo han recomendado instituciones como la UNESCO, además de que puede verificarse la situación realizando estudios propios al respecto. Lo importante es que se realicen las inversiones necesarias para que el retorno a clases sea seguro para todos, además de que el regreso debe ser paulatino, voluntario y contando siempre con la posibilidad paralela de conectarse remotamente. Es decir, la hibridación de la educación debe ser un elemento que debe estar presente en lo sucesivo, para quienes no cuenten con condiciones para acudir a las aulas.

Desde Mexicanos Primero Michoacán pedimos se haga el mayor esfuerzo institucional posible para dotar de condiciones a las comunidades escolares para instrumentar a la brevedad un retorno a clases seguro y pleno, pero sin forzar la voluntad de los estudiantes y sus familias, porque puede generar consecuencias nocivas para su situación socioeconómica, emocional y sanitaria.

A escala nacional, nuestra organización de la sociedad civil ha marcado un hito muy importante: esta semana se concedió la suspensión definitiva a Aprender Primero, nuestro brazo jurídico, cuyo equipo integró un amparo que fue concedido y del que ahora se ratifica la decisión judicial, en el sentido de que: el Gobierno Federal no tomó medidas suficientes para reducir los contagios del virus SARS-CoV-2 (COVID-19) en las escuelas. Es decir, un juez federal confirmó que la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Salud deben garantizar la seguridad e higiene en todas las escuelas del país. Por ende, ordenó que se garanticen los protocolos, insumos y materiales necesarios para la prevención del contagio de COVID-19, así como agua potable, en las 261 mil 101 escuelas del país en un plazo no mayor a tres días.

Específicamente, mediante la emisión de una suspensión definitiva, el juez ordenó el suministro de cubrebocas, termómetros, gel antibacterial, jabón y demás insumos para la prevención de contagios en todas las escuelas del país. Aunado a lo anterior, el suministro de agua potable en las escuelas públicas y privadas del país sin excepción, incluso en el caso de que se argumente que no hay presupuesto para ello. Paralelamente, también conminó a las autoridades educativas y sanitarias a la emisión de protocolos “generales, obligatorios, emergentes y de duración indeterminada” que complementen la “Guía para el regreso responsable y ordenado a las escuelas”, para aclarar cuáles son los procedimientos para la prevención, detección, tratamiento y seguimiento de la pandemia en las escuelas.

Cabe hacer notar que, hace unas semanas, luego de que el juez ordenara por primera vez tomar estas medidas, tanto la SEP como la SS apelaron la decisión y alegaron que no podían dar cumplimiento a lo decretado. Sin embargo, un Tribunal Colegiado desestimó y declaró infundados todos sus argumentos.

Esta suspensión es inédita y representa un hito importantísimo para garantizar que las aulas de las niñas, niños y jóvenes sean espacios seguros. Es un paso adelante en hacer exigible y justiciable el derecho humano a la educación. Esperaríamos que en las entidades federativas esta resolución acelerase los procesos de reapertura y que, las autoridades estatales direccionaran recursos frescos a la provisión de condiciones para que la niñez y juventud puedan hacer valer su derecho a aprender.

En nuestro estado podemos adelantarnos proactivamente a los efectos previsibles del litigio mencionado, diseñando una política pública que contemple todos estos aspectos desde ahora. Sin duda, hay muchos nichos de oportunidad atractivos para el desarrollo próximo de nuestro sistema educativo, es decir, hay muchos éxitos fácilmente alcanzables que pueden cambiar positivamente el sentido de la situación y llevarnos pronto a una ruta de mejora educativa para el ejercicio de los derechos humanos de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en las escuelas. Construyamos un Michoacán educador.

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@Erik_Aviles