Juan Carlos Vega Solórzano Como todo emprendimiento complejo, como toda misión trascendental, plena en escollos, desafíos y complicaciones, la gestión de recursos económicos para cualquier iniciativa lleva aparejado inherentemente el intangible manto de la esperanza, del anhelo. Esta noción adquiere dimensiones superlativas cuando de gestionar recursos federales se refiere, porque no solamente son conjunción de criterios, unión de fuerzas y de relaciones humanas no obstante el fin sea tan loable como la protección, conservación y restauración de nuestro medio ambiente. Los compromisos a nivel internacional suscritos por nuestro país más importantes como son la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural de 1972, así como la adhesión a la Carta Mundial de la Naturaleza, diez años después, y la Conferencia sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, que se realizó en Río de Janeiro 1992, obligan a México a desarrollar políticas públicas tendientes a reducir sus emisiones contaminantes en un 50% para 2030, comparadas con las generadas en el año 2000, como muestra del compromiso suscrito en 2015 en la Cumbre de Cambio Climático en París, Francia. Entre convenciones, acuerdos, convenios, protocolos, anexos y enmiendas, nuestro país ha firmado 77 tratados internacionales o acuerdos interinstitucionales en materia de medio ambiente, de ellos, hasta 1969 se firmaron tres, diez durante la década de 1970, veintitrés durante la década de 1980, cuarenta durante la década de 1990 y uno más en el año 2000. Para llevar a cabo un cumplimiento efectivo de tales compromisos, y con la encomienda de generar cambios desde lo local hacia lo nacional y por ende internacional, las políticas públicas de las administraciones en los tres niveles de gobierno requieren forzosamente ser detonadas por recursos económicos, para encender programas y proyectos que apuntalen al logro del cumplimiento de los objetivos relacionados con el cuidado del medio ambiente y el logro de metas vinculadas al desarrollo sustentable y crecimiento verde, entre los que destacan la gestión integral de residuos, la educación ambiental, la adaptación y mitigación a los efectos del cambio climático así como la reducción de gases de efecto invernadero y el uso de energías limpias. Y no solo eso, sino que el presupuesto federal, en el paquete económico para 2018, contenga partidas puntuales y definidas para inspeccionar y vigilar las áreas naturales protegidas y ejercer una verdadera tutela en todo el territorio nacional del patrimonio natural de todos los mexicanos. Lamentablemente los avances que permitieron, entre muchas otras cosas, la creación de la Procuraduría de Protección al Ambiente de Michoacán en 2008 fueron frenados abruptamente con la cancelación del Programa de Desarrollo Institucional Ambiental PDIA en el año 2015 que guardaba como objetivo fundamental fortalecer la capacidad institucional de gestión y planeación ambiental de las dependencias ambientales estatales con apoyos para Programas de: Administración de la vida silvestre; Administración forestal y usos del suelo; Calidad del aire y Registros; Estudio de Ordenamiento Ecológico y Bitácora Ambiental; Inspección y Vigilancia de los recursos naturales y del medio ambiente. La gestión ambiental para la obtención de recursos federales para la restitución de un programa de características similares, con la respectiva restitución de anexos del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2018 no obstante sea año electoral, deberá ser una labor en conjunto con las autoridades ambientales estatales debidamente organizadas, de la Cámara de Diputados como verdaderos aliados de acciones con gestión real y comprometida, más que buenas intenciones y verbo, y la Secretaría de Hacienda como pilar principal en la construcción de un México verdaderamente sustentable. Deseamos que esta gestión no lleve únicamente aparejado inherentemente el intangible manto de la esperanza y del anhelo, sino de la contundente y verdadera realidad.
La Voz de Michoacán
