Luis Sigfrido Gómez Campos Hace algún tiempo un amigo me compartió un decálogo que debería cumplirse para ser un articulista de opinión y realizar colaboraciones aceptables para los lectores de un diario; decálogo que había publicado por un prestigiado periodista de un diario español. Recuerdo que destacaba un punto: “si eres abogado simplemente no escribas un artículo de opinión”. El especialista tenía razón, en la mayoría de los casos, un abogado sólo está capacitado para redactar escritos jurídicos, porque cuando intenta hacer periodismo de opinión sus escritos generalmente son chocantes intentos repletos de referencias a artículos de la ley que convierten su discurso en oscuras disertaciones legaloides que el lector rechaza inmediatamente. Quienes somos abogados de profesión e intentamos ser columnistas de un diario debemos dejar las citas frecuentes a los artículos de la ley; sin embargo, cuando el tema nos obliga a hacer alguna referencia a ésta, la cita debe ser tan sutil que no se debe notar que eres profesionista del derecho. Por otra parte, en el medio social y político se ventilan de manera cotidiana temas jurídicos que imponen la obligación de tratar estos temas con el cuidado del cirujano que usa el bisturí para seccionar el tejido maligno sin dañar órganos vitales. No se pueden dejar de tratar algunos temas jurídicos debido a su relevancia, pero, en todo caso, se deben de tratar con pinzas, por respeto al lector. En la colaboración del lunes pasado hablé de que todos, autoridades y ciudadanos, estamos obligados al cumplimiento exacto de la ley; que “las revisiones de rutina” que se practican a diario en nuestro país, los retenes, pues, se realizan al margen de la ley y que “los guardianes del orden” que las llevan a cabo, en la mayoría de los casos, no están capacitados para realizar esas labores y actúan con prepotencia violando la Constitución General de la República. Existe otro tema jurídico difícil de entender y de explicar, engañoso y complejo, que no nos permite avanzar hacia estadios de una civilización más democrática y justa. Me refiero al debido proceso legal. Se hace necesaria la reflexión colectiva respecto a esta figura jurídica dado que frecuentemente las autoridades hacen referencia a ella percibiéndola como un grave obstáculo para llegar a estándares mejores de justicia. Recientemente escuché a un funcionario decir con sarcasmo que la sacrosanta referencia al debido proceso por parte de los abogados era sólo un pretexto para dejar libres a los delincuentes con artimañas jurídicas legaloides; que los jueces no debían dejar en libertad a los presuntos delincuentes por fallas en el debido proceso, que eso obstaculizaba llegar a la justicia. Más o menos eso escuché de ese alto funcionario. En principio, esa argumentación que pudiera parecernos sensata, resulta sumamente engañosa, pues puede conducirnos a entender que nuestro sistema judicial está equivocando el camino y que los jueces y magistrados son una sarta de corruptos e ignorantes que aplican de manera equivocada esa figura del debido proceso porque no están del lado de la justicia. ¿Por qué les resulta sumamente difícil a algunos aceptar que el debido proceso legal es un principio que defiende los derechos humanos de todos los gobernados y que representa un gran logro de la cultura jurídica universal? ¿Por qué se piensa que defender este principio es ponerse del lado de los delincuentes? Creo que el equívoco radica en que esta batalla informativa la están ganando los malos. Sí, los malos funcionarios que pertenecen al ámbito de las fiscalías y que, estando obligados a respetar íntegramente estos principios del debido proceso legal, cometen violaciones al procedimiento y a los derechos humanos de los presuntos responsables de un delito, poniéndolos a disposición de la autoridad judicial con un rosario de transgresiones flagrantes a sus garantías, lo que hace que los jueces tengan que dejarlos en libertad porque así se los manda la ley. Sólo por poner un ejemplo, los antiguos servidores de las procuradurías de justicia, los policías judiciales, en muchos casos, después de detener a un presunto responsable de un ilícito, se lo llevaban a otro sitio, “a trabajar al delincuente”, así decían, que no era otra cosa que realizar una serie de actos vejatorios contra la dignidad humana para obligarlo a confesar delitos. Tanto las retenciones indebidas, como la serie de delitos que eran obligados a confesar no era sino parte de un trabajo que todo el aparato de la investigación de los delitos delegaba en los llamados policías judiciales. Todos los ciudadanos estábamos expuestos a caer en manos de estos trabajadores del aparato que “procuraba la justicia” mediante estos procedimientos. En los últimos años todo el aparato de justicia ha cambiado mediante importantes reformas legales que pretenden evitar este tipo de tropelías que se supone son cosas del pasado. Sin embargo, como siempre sucede, existen inercias que se resisten al cambio. Tal es el caso de algunos elementos de las fiscalías que no aceptan plegarse al mandato de la ley que les ordena acatar de manera puntual el principio del debido proceso legal. Es más fácil echarle la culpa al juez que cumplir la ley. El debido proceso legal es una garantía de los gobernados frente al abuso del poder, no un legaloide pretexto para dejar libres a los delincuentes. luissigfrido@hotmail.com
La Voz de Michoacán
