RAFAEL ALFARO IZARRARAZ La Asamblea Nacional (AN, en adelante) que conquista la oposición venezolana en 2015 tiene su origen en la nueva Constitución de la República Bolivariana (CRB) que se aprueba en 1999, luego del triunfo del chavismo en 1998. La AN sustituyó al antiguo Congreso de la República que tuvo como encargo la función legislativa. Con ello se puso fin al sistema bicameral de diputados y senadores muy similar al que existe en México. En síntesis, la AN quedó instituida como un poder unicameral (ver: De los Santos, I., Ávila, Flor y Jesús Caldera. (2018). La forja del Estado democrático constitucional en Venezuela y su relación con la democracia integral. Utopía y Praxis Latinoamericana, vol. 23, 2, pp. 75-97). La AN estuvo dominada por las corrientes bolivarianas hasta 2015, como se ha expuesto en la entrega XXXV, cuando triunfa la oposición encabezada por la Mesa de Unidad Democrática (MUD). Esta última obtuvo 112 diputados frente a 55 de las fuerzas chavistas. Luego de 17 años la oposición logra la mayoría en este caso de la AN, en tanto que el poder ejecutivo, la presidencia, la había ganado Nicolas Maduro en 2013 en donde derrotó a Henrique Capriles. Como se puede deducir de lo antes expuesto, aquí había un relativo equilibrio, es decir, un poder para las fuerzas bolivarianas y otro para la oposición. Pero como en todo sistema democrático occidental, existen tres poderes. Superficialmente vistos los hechos y no en el contexto de la lucha de derecha por regresar al poder, aquella fuerza que tenga de su lado al Poder Judicial, es decir, al Tribunal Supremo de Justicia (este nombre surgió de las reformas constitucionales que ya hemos señalado) estará políticamente mejor posicionado. Antiguamente, durante la era del “Punto Fijo” (en el que las élites se repartían el poder entre AD y COPEI) el Poder Judicial se le identificó como Corte Suprema de Justicia. Los revolucionarios chavistas, pacifistas, no incorporaron la idea de que los impartidores de justicia fueran electos por los ciudadanos, idea que ahora se plantea en México, por lo que el Tribunal Supremo de Justicia se transformó en un apetitoso órgano al que se dirigió la oposición para mantenerlo bajo su control y que la balanza del poder le favoreciera. Si la oposición diseñaba estrategias golpistas sin tener espacios de poder federales, ya teniendo la AN su actuación no fue distinta. La oposición, que combinó intentos golpistas con participación electoral, dio un salto en cuanto a su poder luego del triunfo de 2015, al amparo de la baja de los precios del petróleo (de 2012 a 2016, un 76 por ciento; una inflación del 600 por ciento según cálculos privados. Oficialmente, 180 por ciento). Lo anterior implicó para el gobierno falta de dinero para adquirir alimentos, medicinas, entre otros bienes indispensables para la población. Agreguemos que, el gobierno de EU presionó a otras naciones para no comerciar ni realizar transacciones financieras con Venezuela. Ni un centavo en préstamos. (Ver: Ana Barrios, Antonio González y Marta Grajales, en “Constituyentes venezolanos de 1999 y 2017: contextos y participación) y el apoyo del gobierno de Barak Obama a la derecha venezolana. A los integrantes del Supremo Poder Judicial los nombra la Asamblea Nacional, formalmente, de tal manera que las cosas las miraban a pedir de boca. Sin embargo, la AN antes de concluir su mandato y en la costumbre de la existencia de “leyes habilitantes” (que le transfieren al Ejecutivo un poder que lo habilita para emitir reformas agrarias, eneergéticas, entre otras), en este caso, la AN antes de que los nuevos legisladores tomaran posesión, le transfiere al Poder Ejecutivo, lo habilitaron, para nombrar a los integrantes del Poder Supremo de Justicia. Una controversia entre el Supremo Poder Judicial y la Asamblea había sido el reconocimiento de representantes de la región de la amazonia a la Asamblea. En donde la AN había caído en desacato con respecto a una resolución del Poder Judicial. En el contexto de una guerra contra el gobierno venezolano, en el marco de una crisis que tiene como causa en parte al bloqueo, la oposición interna y externa, las fuerzas opositoras recurren tanto a la violencia como a la petición de aplicación de la democracia incluyendo la revocación de mandato del presidente Maduro. Algunos de los textos a los que hemos recurrido para esta fase que ahora presentamos de las revoluciones pacíficas latinoamericanas, los juristas venezolanos, especialistas en derecho constitucional, defensores ahora pero que callan ante los intentos golpistas, recurren a los antecedentes históricos de la democracia occidental, la división de poderes y su sostenimiento por la vía de la democracia electoral. Una vez que saben que han creado condiciones propicias para regresar al pasado. Pero la Asamblea Nacional de la que estamos hablando no llegó al 2018 y fue eliminada como poder en 2017 y sustituida en sus funciones por una Asamblea Nacional Constituyente a la que llamó el presidente Maduro. (Continuará).
La Voz de Michoacán
