EFE / La Voz de Michoacán Ciudad de México. La influencia de las élites económicas y políticas en temas de Estado es la mayor amenaza para acabar con la corrupción en México, la cual afecta principalmente los derechos humanos de las comunidades más vulnerables e históricamente olvidadas, coincidieron expertos en un foro regional. Soledad García Muñoz, relatora especial de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), señaló que se requieren mejorar los sistemas de transparencia y los mecanismos de corrupción, a fin de evitar injerencias, amenazas o influencias indebidas por parte del sector privado en los gobiernos. “La corrupción es un complejo fenómeno que afecta el goce y ejercicio de los Derechos Humanos, que debilita la gobernabilidad y las instituciones democráticas, que fomenta la impunidad y exacerba la desigualdad”, manifestó durante su participación en el encuentro “Lucha Anticorrupción: nuevos enfoques para tiempos inciertos”. En el evento, en el que participaron especialistas en derechos humanos, tecnologías de la información, gobernabilidad y del sector privado, García Muñoz insistió que se requiere hacer evaluaciones, seguimientos y políticas que pongan en el centro los derechos humanos. Planteó, asimismo, considerar mecanismos tributarios para combatir la corrupción desde el lado gubernamental, ya que igualmente amplía la desigualdad y discriminación. De acuerdo con los últimos datos de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en México, el 86 % de la población considera frecuentes o muy frecuentes los actos de corrupción en las instituciones de gobierno. Todo ello pese a que una de las promesas de campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador fue acabar con la corrupción en el país. “Desafortunadamente, con el paso del tiempo, las manifestaciones de este fenómeno tanto en México y el mundo han ido adquiriendo nuevas formas que cada día parecen ser más sofisticadas”, reflexionó Liliana Alvarado, directora general de Ethos, organismo que convocó al encuentro. FENÓMENO MULTICAUSAL Por su parte, el presidente del Sistema Nacional Anticorrupción de México, Francisco Álvarez, advirtió que la corrupción es “un fenómeno multicausal”, por lo que es necesario “plantear soluciones que combinen diferentes enfoques y nos lleven a pensar fuera de la caja”. También mencionó que el combate a la corrupción debe de verse como una inversión a largo plazo y que puede desplegar su máximo potencial en el futuro cercano si se tiene voluntad. Al participar en el panel “Nuevas tecnologías para combatir la corrupción, ¿aliadas o enemigas?”, Barbara Ubaldi, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), enfatizó que la tecnología puede ser una gran herramienta para identificar y perseguir la corrupción. Precisó que el mayor desafío es asegurar que los datos de la inteligencia artificial sean transparentes y éticos, ya que los nuevos algoritmos tecnológicos permiten controlar mejor el gasto público y los comportamientos de los sectores público y privado. ADOPTAR ESTÁNDARES INTERNACIONALES Roxana Mazzola, del Ministerio de Obras Públicas de Argentina, señaló que el control gubernamental sobre los recursos ayuda a plantear mejores estrategias en obras públicas y evita acuerdos que beneficien a unos cuantos y perjudiquen a toda una comunidad. La ministra argentina consideró fundamental adoptar estándares internacionales sobre transparencia e integridad para tener una hoja de ruta de cómo abordar la corrupción en compras públicas. Por su parte, Ricardo Fuentes, de Data-Pop Alliance, remarcó que también se debe hacer una distinción entre la corrupción y lo que significa un acto ilegal, pues recordó que en ocasiones legisladores federales pueden cambiar la ley o algunos tomadores de decisiones pueden interpretarla de forma tal que solo algunos funcionarios públicos y ciertos empresarios sean los que vean un beneficio personal. “Hay una diferencia entre lo que es un acto ilícito, de apropiación de bienes, servicios y recursos públicos para beneficio privado y está muy cercanamente vinculado a lo que conocemos como captura del Estado o captura regulatoria”, manifestó.
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