Se gastan millones en combatir la corrupción, pero la mayoría de casos quedan impunes

A pesar de los miles de millones de pesos que año con año se invierten en el combate a la corrupción, la mayoría de los casos siguen sin castigo.

Foto: Especial

Arturo Molina / La Voz de Michoacán

Morelia, Michoacán. La impunidad en actos de corrupción alcanza hasta un 80 por ciento en Michoacán. A pesar de la creación de organismos de combate a las malas prácticas gubernamentales, la falta de confianza, la ausencia de denuncias y otros fenómenos siguen incidiendo en la problemática que año con año cuesta miles de millones de pesos y confianza a los mexicanos.

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En entrevista para La Voz de Michoacán, Elizabeth Vázquez Bernal, presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, advirtió sobre la tendencia que se replica tanto en este estado como en el resto del país y en donde los avances son pocos en materia de denuncia y más bajos aún en materia de judicialización de los casos.

Destacó que uno de los indicadores que más preocupa junto con la impunidad, refiere a la falta de participación e interés ciudadano en la denuncia de evidentes actos de corrupción. La tendencia anterior, ha colocado a Michoacán por encima de la media nacional en el tema de la descomposición social sobre el tema.

“Nosotros tenemos un estudio que es un diagnóstico que se construyó en la percepción de comunidades universitarias, en donde establecen que hay un nivel del 80 por ciento de impunidad. Se puede hacer un cruce con el nivel de falta de credibilidad y confianza de las instituciones. Si cruzamos la impunidad de la corrupción con el número de denuncias que se reciben, la realidad es que no hay posibilidad de perseguir ningún delito si no hay queja o denuncia. Es una bola de nieve”, manifestó la especialista en entrevista para esta casa editorial.

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Con base al panorama anterior, urgen mecanismos para modificar el Código Penal de Michoacán y establecer criterios en el que el ciudadano aporte denuncias y sean las fiscalías, auditorías y contralorías las que tengan que poner sobre la mesa los datos de prueba, un tema sobre que ya habían insistido con anterioridad.

Actualmente el criterio “el que acusa aporta pruebas” ha reducido las intenciones de los testigos de actos de corrupción, argumentó, si bien este sistema es la base legal en el país.

Vázquez Bernal insistió en que la cooperación de los ciudadanos y el perfeccionamiento de las instituciones fiscalizadoras de corrupción tendrán que ser la prioridad para los organismos ciudadanos en próximos años. 

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Los actos “pequeños” de corrupción siguen siendo los principales focos de atención. Desde la “mordida” que piden los elementos de tránsito en los municipios, los sobornos de los agentes policiales, la venta de plazas en el sector gubernamental y hasta el ingreso a distintas escuelas, sigue siendo observado por organismos como el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción.

En voz de la presidenta del Comité de Participación Ciudadana, el objetivo es consolidar resultados a largo plazo en coordinación con el resto de las instancias que integran el Sistema Estatal Anticorrupción.

“Hay varias vías para atender el fenómeno de la corrupción. La proyección que tiene el sistema es a largo plazo. En la actualidad aprobamos una política de cuatro ejes que se reconoce que hay niveles de impunidad, que hay que impulsar el término de la legalidad, la transparencia, el control de los recursos y el mayor reto que es cómo hacer que la ciudadanía participe, no solamente en temas de combate a la corrupción sino en todas las áreas”, explicó.

Casos de corrupción internacional, latentes

Por otra parte, es de destacar que siguen su curso carpetas de investigación y denuncias por caso de corrupción en la construcción de la presa Francisco J. Múgica y sobornos de la trasnacional Odebrecht. Sin embargo, a pesar de las pruebas presentadas, las denuncias presentadas por el CPC siguen encontrando letargos en la resolución.

Han pasado tres años desde que el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción presentó las querellas ante la Fiscalía General del Estado en contra de dos funcionarios de la entonces administración del gobernador Leonel Godoy. A pesar de las pruebas documentadas, el caso sigue detenido. 

Al respecto, la titular del CPC y especialista en materia anticorrupción, Elizabeth Vázquez Bernal, reconoció qué sigue sobre la mesa el tema de corrupción internacional que alcanzó a Michoacán. Fue en octubre del 2020, que trascendió que la Fiscalía General de Michoacán desestimó la denuncia presentada por el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción en contra de dos exfuncionarios que recibieron depósitos de más de un millón de dólares.

Asimismo, se trabajan otros temas como la contratación con sobrecosto de mastografías en la Secretaría de Salud del estado, análisis de obras y actos que han sido denunciados en repetidas ocasiones a través de la prensa local.