Murillo Karam es acusado de organizar cónclave de altos mandos para diseñar la ‘verdad histórica’

El Ministerio Público federal dio a conocer que en la reunión, realizada en Iguala, estuvieron el exgobernador Ángel Aguirre, Tomás Zerón y Omar García Harfuch, entre otros

Redacción / La Voz de Michoacán

Ciudad de México. La Fiscalía General de la República (FGR) acusa al exprocurador General de la República, Jesús Murillo Karam, de “fraguar premeditadamente” y de manera “dolosa” la llamada “verdad histórica” en torno a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

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Durante la audiencia en que se formula la imputación en contra de Murillo Karam, el Ministerio Público de la Federación incluso sostuvo que el entonces titular de la PGR organizó un “cónclave” con autoridades de alto nivel para “fraguar” la verdad histórica del caso Ayotzinapa.

Al citar como dato de prueba la declaración de Bernardo Muñoz Cano, entonces delegado de la Policía Federal en Guerrero, la agente del Ministerio Público de la Federación, Lidia Bustamante, detalló que esta reunión se llevó a cabo en Iguala el 7 de octubre de 2014, en la cual participaron, entre otros, el entonces gobernador Guerrero, Ángel Aguirre; el ex director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, así como Gualberto Ramírez, entonces coordinador de la Unidad Antisecuestros de la PGR, y Omar García Harfuch, quien hoy se ostenta como secretario de Seguridad Ciudadana en la Ciudad de México.

De acuerdo con la declaración de Bernardo Muñoz Cano, quien relató que antes de iniciar este encuentro fueron retirados mandos menores, incluido él, también estuvieron presentes en el “cónclave” José Luis Martínez, quien fue delegado de la PGR en Guerrero, y Carlos Gómez Arrieta, entonces titular de la Policía Federal Ministerial.

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Como parte de la formulación de imputación en el Centro de Justicia Penal Federal del reclusorio Norte, el Ministerio Público de la Federación enfatizó que, al “inventar” la llamada verdad histórica, Murillo Karam quería “dar solución a la exigencia social” y “dar respuesta al clamor social” por el crimen ocurrido el 26 y 27 de septiembre de 2014 de Iguala.