Arturo Molina / La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. Debido a la falta de respuesta de la ciudadanía para respetar las medidas sanitarias y así evitar la propagación del COVID-19 en el estado, el gobierno de Michoacán ya prepara el proyecto de confinamiento obligatorio que entrará en vigor en próximos días en prácticamente todo el territorio michoacano. La población que no acate las medidas sanitarias y que reincida en estar en la vía pública será detenida y confinada en espacios que, según información del Comité de Emergencia Sanitaria de esta entidad, comienzan a delimitarse tanto en espacio como en el proceso que llevarán quienes sean ingresados. Fue a través de un comunicado a la prensa local que el gobierno de Michoacán dio a conocer que el objetivo de esta medida de fuerza mayor es reducir la velocidad de la propagación del COVID-19 y aplanar la curva de 36 contagios que se han dado en los últimos 15 días, así como los 5 fallecimientos registrados ya en nuestra entidad. “En esa fase, las personas que no acrediten realizar actividades esenciales fuera de su casa serán trasladadas a los espacios que se habilitarán para el confinamiento, bajo protocolos coordinados con la autoridad sanitaria. La principal preocupación en esta emergencia es cuidar la salud y la vida de las personas; hay gente que todavía no toma con seriedad las medidas de prevención y es imperante que la población tome conciencia de que permanecer en casa es la mejor solución", destacó el gobernador Silvano Aureoles Conejo respecto a la medida. Hasta el momento no se ha emitido ni publicado decreto alguno sobre esta medida y ha quedado limitado a su publicación en los medios de comunicación. Para que dicho decreto sea válido tendría que publicarse en el Periódico Oficial de Michoacán y se tendría que revisar si, en todo caso, representará alguna violación a la Constitución o a los derechos humanos. Fuentes cercanas al gobierno de la entidad refieren que la medida se decretaría de manera oficial una vez que desde la Federación se declare el ingreso a la Fase 3 de la contingencia por pandemia del virus SARS COV 2 que causa el padecimiento del COVID-19. La ciudadanía reacciona Si bien hasta la semana pasada se reportaba una disminución de hasta un 60 por ciento de personas en las calles, para esta semana se ha reactivado gran parte de la población en las calles. Lo anterior, evidencian, está relacionado con la llegada de la Semana Santa y a la falta de compromiso de la ciudadanía a coadyuvar a desacelerar la crisis del COVID-19. En reunión con el Comité de Crisis ante el COVID-19, los integrantes coincidieron en la importancia de incrementar gradualmente las acciones que fomenten el aislamiento domiciliario, como un tema de salud pública en esta contingencia. Otro de los puntos que se emitieron a través de las redes sociales y canales oficiales del gobierno del estado es que se instruyó también reforzar el llamado a los migrantes para no viajar a Michoacán durante la emergencia sanitaria, debido a que los últimos casos registrados de COVID-19 han sido de personas provenientes de Estados Unidos, lo que ha generado brotes familiares en la entidad. Para cuando la medida entre en vigor, la atención a quienes sean internados está garantizada, pues los titulares de las secretarías de Gobierno, Finanzas y Administración, Salud, Seguridad Pública, Desarrollo Económico y Comunicación Social, revisaron el plan alimentario COVID-19, mediante el cual se garantizarán los alimentos para los pacientes y sus familiares durante el periodo de aislamiento. Llaman a evitar crisis de derechos humanos A evitar una crisis de derechos humanos ante las medidas restrictivas implementadas para frenar la propagación del virus COVID-19 en el país, llamó la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH), del cual forma parte la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Se han advertido situaciones de limitaciones a la libertad de tránsito en municipios como La Huacana, Zamora, Zacapu, entre otros, situación ante la cual el organismo se mantiene atento para evitar la vulneración a los derechos humanos de los ciudadanos. En ese sentido, el organismo indicó que ante amenazas a la salud pública y emergencias públicas que pongan en peligro la vida de una nación, las restricciones a algunos derechos pueden justificarse siempre y cuando tengan una base legal, sean estrictamente necesarias y no sean arbitrarias ni discriminatorias en su aplicación, sean de duración limitada y respeten la dignidad humana.
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