Redacción / La Voz de Michoacán Ciudad de México. La Secretaría de la Función Pública (SFP) inhabilitó para desempeñar cargos públicos por 10 años al excomisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral en el Estado de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, porque omitió declarar seis cuentas bancarias a su nombre y al de su cónyuge con más de 18.3 millones de pesos. La sanción al ex director general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) de la administración de Enrique Peña Nieto deriva de un ejercicio de verificación a la evolución patrimonial, en el cual se detectó que el exfuncionario faltó a la verdad en sus declaraciones de situación patrimonial de tres años: de 2014 a 2016. Por lo anterior, la Dirección General de Responsabilidades y Verificación Patrimonial inició un minucioso procedimiento administrativo sancionador y determinó que omitió declarar seis cuentas bancarias a su nombre y al de su cónyuge, en las que en total tenían más de 18 millones 300 mil pesos. Dicha omisión constituye una violación al artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, vigente al momento de los hechos, que establecía la obligatoriedad de presentar con oportunidad y veracidad las declaraciones de situación patrimonial. La SFP aseguró que durante el procedimiento la autoridad administrativa respetó la presunción de inocencia y garantizó el derecho de audiencia de Castillo Cervantes. Este procedimiento sancionador es parte de los 26 mil 064 expedientes de responsabilidad administrativa que la Función Pública inició en los dos primeros años del actual Gobierno de México, y de los que a la fecha se han resuelto 20 mil 222. La secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, aseveró que la SFP tiene como una de sus atribuciones realizar la verificación de la evolución patrimonial de los servidores públicos, y en el ejercicio de esa atribución se detectaron omisiones de Alfredo Castillo en sus declaraciones presentadas ante la dependencia. Remarcó que las declaraciones patrimoniales son una herramienta fundamental para prevenir la corrupción y detectar el enriquecimiento ilícito.
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