Extorsión, narco y huachicol dejan al crimen billones de pesos ¿cómo mueven tanto dinero sin dejar rastro?

En los dos últimos años, los carteles del narcotráfico han prosperado y aumentado sus ganancias hasta convertirse en una de las principales amenazas de lavado de dinero en México.

Foto: Especial.

Redacción / La Voz de Michoacán

Morelia, Michoacán. Tan solo en dos años, entre 2016 y 2018, la delincuencia organizada generó 1 billón de pesos a través de actividades ilícitas en el país, señaló el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto.

Así, mediante el robo de combustible, venta de drogas, secuestro o extorsión el crimen organizado ha generado recursos cercanos al 20 por ciento del presupuesto del país planteado 2021.

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Y no será menor: el ritmo de generación de recursos ilícitos ha aumentado de forma acelerada ante el fortalecimiento de organizaciones criminales que, además, han encontrado la forma de colaborar en algunos casos.

“Durante la última administración federal vimos el crecimiento de ocho organizaciones de carácter regional: el Cártel de la Unión Tepito y el Cártel de Tláhuac en la Ciudad de México; Los Viagras en Michoacán, Cártel del Noroeste en Tamaulipas, Cártel Independiente de Acapulco, Los Rojos y Los Guerreros Unidos en Guerrero, entre otros”, detalló.

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“El volumen de recursos ilícitos que hay en el país es muy alto. Los delincuentes disponen de recursos financieros altos y constantes listos a ser objeto de lavado de dinero”, dijo Santiago Nieto.

A pesar de que hay algunos cárteles que han ido perdiendo su posición, estos grupos delictivos han encontrado alternativas y diversificado sus actividades delictivas para incursionar en otros delitos que les dejen ganancias millonarias: algunos se han ido moviendo del huachicoleo y tráfico de drogas a delitos como el secuestro y la extorsión.

“El nivel de recursos ilícitos generados en el país, los flujos financieros ilícitos, han aumentado. Hoy, con información del Consejo de la Judicatura Federal, con información de la Fiscalía General de la República (FGR), e incluyendo el número de denuncias presentadas entre otras instancias por la UIF, se presenta un monto estimado ascendiente a 1 billón de pesos entre 2016 y 2018 como ganancias de los grupos delictivos”, dijo el funcionario.

Dicho monto es solamente lo denunciado ante la FGR y lo generado por las categorías de delitos en las que sí se cuenta con una estimación clara, por lo que probablemente el dinero que ganan los cárteles mexicanos sea mucho más.

Lavado de dinero, la clave

Entre 2018 y marzo de 2020, la Unidad de Inteligencia Financiera presentó 16 denuncias por delitos de corrupción, además de que se reportan 10 mil 442 millones de pesos incautados de 2016 a 2018.

“En México, algunas empresas cuentan con ciertas características de mayor riesgo, puesto que incluyen estructuras empresariales que promueven la complejidad y aumentan la dificultad de las autoridades para obtener información precisa sobre el beneficiario final de los recursos, por ejemplo, fideicomisos que pueden ser utilizados para ocultar el control de activos, incluyendo el producto del delito. A lo largo todos los sectores se identifica al beneficiario final solamente en forma limitada”, señaló Santiago Nieto.

Aunque la UIF ha congelado cuentas por más de 344 millones de dólares a más de 3 mil 627 personas relacionadas con investigaciones de movimientos irregulares, generalmente por lavado de dinero, las actividades ilícitas del narcotráfico siguen en aumento.

Una de las principales razones que esta actividad es poco rastreable y muy rentable, además de que México no cuenta con una metodología para medir el volumen exacto de recursos ilícitos generados.

Juan Pablo Graf, titular de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), dijo que una de las amenazas para las operaciones de lavado de dinero en México es el uso de efectivo en la economía nacional y la falta de inclusión financiera.

Pese a que el porcentaje de posesión de cuentas en adultos y las transacciones digitales han aumentado en los últimos años, México sigue rezagado en materia de inclusión financiera con respecto a otros países de la región de América Latina.

"Si bien hemos tenido esfuerzos, sí tenemos que notar que todavía en términos de inclusión financiera, en algunos comparativos internacionales, nos quedamos cortos. En las cuentas por mil adultos, comparados con países de la región, todavía estamos rezagados", refirió.

Por ejemplo, en comparación con otros países, las cuentas por cada mil adultos que registró México hasta 2018 fueron mil 16, lo cual es bajo respecto al número que tiene Perú, con mil 549; Colombia, con mil 813, o Chile, con 2 mil 848, el país más alto.

En tanto, el número de cuentas bancarias por adultos en México aumentó de 36 a 47 por ciento de 2012 a 2018, pero esto sigue siendo insuficiente.

"México tiene que avanzar más en inclusión financiera para ganarle al efectivo, controlar las transacciones y tener mayor claridad y trazabilidad en las operaciones del sistema financiero", añadió Graf.

Para hacer frente a la generación de recursos ilícitos, el gobierno federal alista la Estrategia Nacional de Combate al Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo, que contempla acciones concretas en un plan de trabajo para el periodo de 2020 a 2024 en materia de prevención, inteligencia, investigación, justicia y supervisión en un esfuerzo en conjunto con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Fiscalía General de la República y el Servicio de Administración Tributaria.

Santiago Nieto adelantó que el Gobierno de México prepara un nuevo golpe a un cártel de la droga, en conjunto con autoridades estadounidenses como la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés).

Señaló que la estrategia para combatir las actividades ilícitas camina sobre cinco ejes: Combate a los sicarios y líderes de los cárteles; atacar sus estructuras financieras para su expansión; combate a la corrupción política en los ámbitos locales, así como el hacer frente a la protección jurídica y policiaca, y finalmente, el disolver la protección que muchas veces tienen de su base social.