Gertz propone eliminar delito de feminicidio; diputadas le dan rotundo no

El fiscal general de la República propuso expedir un código penal para todo el país, en el que se suprimiría la figura del feminicidio, dadas las dificultades para acreditar el delito

Foto: Adobe Stock.

Redacción / La Voz de Michoacán

Ciudad de México. El titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, se pronunció y propuso en la Cámara de Diputados eliminar el tipo penal de feminicidio bajo el argumento de la dificultad que conlleva para el Ministerio Público acreditar este tipo de delito.

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En la participación a puerta cerrada durante la reunión plenaria de diputados federales de Morena en San Lázaro, realizada el pasado miércoles, Gertz anunció expedir un código penal para todo el país, en el que se suprimiría la figura del feminicidio, de acuerdo con información de Milenio.

Las fuentes que informaron esto a Milenio comentaron que Gertz Manero argumentó que el Ministerio Público enfrenta dificultades técnicas al momento de acreditar un delito como feminicidio, esto por las características que definen ese tipo penal, y declaró que sería más conveniente mantener este delito como homicidio solo enlistando un agravante con elementos correspondientes al feminicidio.

Las diputadas Lorena Villavicencio y Wendy Briceño fueron parte de las figuras que se negaron a este cambio, también Verónica Juárez, coordinadora de la bancada perredista.

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"Sí, efectivamente, el fiscal general propuso que se eliminara el feminicidio, que porque es muy complicado de acreditar; él dice que es mucho más sencillo que se mantenga la clasificación de homicidio y que se establezca una agravante vinculada con los elementos que actualmente contiene el tipo penal de feminicidio", dijo Villavicencio.

Sin embargo, Villavicencio dijo que la propuesta de Gertz lo único que busca es esconder la pandemia que se ha generado en el país contra las mujeres, publicó Milenio.

El 2019 no sólo puede ser considerado como el más violento por la cantidad de homicidios dolosos que hubo en el país, sino también porque, hasta el momento, fue el periodo en el que más mujeres sufrieron al menos siete delitos que atentan contra la vida, la libertad personal, el patrimonio y la sociedad.

Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en el primer año de gestión de Andrés Manuel López Obrador hubo un ligero aumento de 2.5% en el número de mujeres víctimas de ilícitos respecto a 2018.

En su publicación Información sobre violencia contra las mujeres, el SESNSP detalla que 2019 concluyó con 74 mil 632 víctimas de lesiones dolosas, extorsión, homicidio doloso, corrupción de menores, feminicidio, secuestro, trata de personas y tráfico de menores.

Se trata de una cifra que ha ido en aumento los últimos cinco años: mientras en 2015 sólo se reportaron 62 mil 567 víctimas de la población femenina, en 2018 la cifra aumentó a 72 mil 747, pero ese dato fue superado en el primer año del presente sexenio.

Inaplicación de leyes, por rezagos ideológicos

La discusión acerca de establecer un tipo penal específico para combatir la muerte derivada de violencia de género o bien establecer sólo un agravante en el caso de asesinato de mujeres, se ha dado en algunos países como España, donde finalmente se inclinaron por la segunda opción, señaló la doctora Rubí de María Gómez Campos, profesora del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH).

“Los argumentos de las feministas estaban divididos entre quienes creen que es necesario tipificarlo por la gravedad del delito, en cuanto “crimen de odio” derivado de una discriminación instalada en toda la cultura (incluidas las instituciones), y aquellas que piensan que tipificar el feminicidio significa eternizar la desigualdad de género y sustancializar la inferiorización de las mujeres”, compartió la experta.

Por otra parte, indicó que es evidente que la primera opción (tipificar el delito de feminicidio) no ha funcionado como se esperaba, debido sobre todo a rezagos ideológicos y a la misoginia de los servidores públicos y juzgadores involucrados en los procesos de denuncia y sanción.

“Lo importante no es contar con un marco jurídico de primera, si este no funciona. Necesitamos leyes que se apliquen y funcionen en el torno al objetivo de erradicar la violencia”.

Explicó que las razones de la ineficiencia en la aplicación de las leyes están relacionadas con un marco cultural que no es acorde a la estructura de las leyes. “Mientras no exista una conciencia social clara de lo que es inadmisible, cualquier alternativa seguirá siendo insuficiente”.