Rosario Robles cumple un año en prisión; “estoy aquí porque soy mujer”, dice en una carta

“La venganza, cobardía y silencio me tienen aquí”, aseguró la exfuncionaria peñista en una carta en la que acusa ser víctima de una justicia selectiva.

Foto: Twitter.

Redacción / La Voz de Michoacán

Ciudad de México. A un año de estar en prisión preventiva, la ex secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga afirmó a través de una carta que sigue encarcelada por ser mujer, y por una justicia selectiva, mientras que miembros del crimen organizado están libres.

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La ex funcionaria del sexenio peñista permanece interna en el penal femenil de Santa Martha Acatitla, desde donde reclamó que la medida es injustificada y asegura estar "tranquila".

A través de Twitter, la también exsecretaria de Desarrollo Agrario hizo pública una carta en la que afirma que sigue tras las rejas no por un ánimo de justicia, sino por ser mujer: “Estoy aquí porque me llamo Rosario Robles”, expuso.

“Hoy cumplo un año de estar privada de mi libertad injustificadamente. La venganza de unos, la cobardía y el silencio cómplice de otros, y una procuración de justicia selectiva me tienen aquí”, escribió en el texto compartido esta tarde.

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Atribuyó su encarcelamiento a una “procuración de justicia selectiva”, ya que a otras personas, a las que se les ha acusado de delitos más graves, “se les respetan sus derechos, y a los delincuentes del crimen organizado se les ha dejado flagrantemente en libertad”.

Sin mencionar nombres, Robles afirmó que el objetivo de este grupo de personas es “borrar una vida entera de lucha por mejorar nuestro país, y por abrir espacios y pelear por los derechos de las mujeres”.

La exsecretaria de estado en el gobierno de Enrique Peña Nieto está acusada por ejercicio indebido del servicio público relacionado con el caso de la ‘Estafa Maestra’, en la cual universidades desviaron recursos de las dependencias que encabezó, a través de empresas fantasma.

En específico, se le acusa de que por omisiones en su cargo se generó un daño de al menos 5,000 millones de pesos al patrimonio público mediante esos desvíos.